SAN JUAN (AP) — La empresa eléctrica estatal de Puerto Rico anunció el viernes que reducirá la generación de energía a partir de este fin de semana, mientras que la junta federal de control tramita un préstamo urgente de 300 millones de dólares para la compañía después de que un juez rechazó la petición para un crédito de 1.000 millones.

El anuncio se hizo en momentos en que unos 400.000 clientes en la isla carecen de electricidad más de cinco meses después del paso del huracán María, que causó la interrupción del suministro de energía más larga en la historia de Estados Unidos.

Ernesto Sgroi, presidente de la junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de Puerto Rico, dijo que la reducción en la generación de electricidad comenzaría el domingo y no está previsto que se llegue a la interrupción del servicio. Pero advirtió que la medida podría desestabilizar la red eléctrica, la cual continúa en reparación tras los fuertes daños que tuvo a causa del huracán María.

“Sin el préstamo, y dados los riesgos potenciales para sus operaciones, la única opción responsable que tenemos es comenzar la implantación de un plan operacional de emergencia limitado”, afirmó Sgroi. “Nos preocupa que este retraso resulte en la exacerbación de la adversidad humana que se causará cuando servicios esenciales, tales como el agua potable, energía para procedimientos médicos, comunicaciones y escuelas que se abrieron, estén en riesgo de desaparecer nuevamente”, agregó.

Las autoridades no dieron detalles, como la magnitud en que la generación será reducida ni las unidades que serán afectadas. El portavoz de la AEE, Geraldo Quiñones, no respondió de momento una solicitud para que hiciera declaraciones.

La junta presentó el viernes antes del amanecer la solicitud del crédito por menor cantidad y dijo que Puerto Rico deberá reducir la generación de electricidad y su personal si no recibe el financiamiento para el martes. También dijo que la AEE está en peligro y que los 300 millones le permitirán continuar funcionando solo hasta fines de marzo, lo que dejaría a “muchos clientes” sin electricidad.

Un juez federal sentenció el jueves que ni la junta ni el gobierno presentaron pruebas suficientes para mostrar que la compañía eléctrica necesita un préstamo de 1.000 millones de dólares a pesar de las advertencias de que la isla, que es territorio estadounidense, comenzará a racionar la electricidad.

El gobernador Ricardo Rosselló, que se encontraba el viernes en Filadelfia, exhortó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a que libere un crédito separado que el Congreso aprobó en octubre para las acciones de recuperación debido a que el gobierno puertorriqueño se está quedando sin dinero.

"Esta es una situación urgente", dijo. "Si se va la luz en Puerto Rico, si no se puede comprar el combustible, será una crisis humanitaria”.

Mientras, algunos puertorriqueños se quejaron en las redes sociales por tener que afrontar facturas de electricidad más elevadas a pesar de no tener suministro. Además criticaron la amenaza del gobierno de imponer cortes por la falta de fondos, y un usuario señaló que sería como revivir el 20 de septiembre, cuando el meteoro destruyó dos tercios del sistema de distribución de energía de la nación.

El legislador opositor Jesús Manuel Ortiz dijo que el gobierno carece de credibilidad al no haber podido convencer al juez sobre la necesidad del préstamo y condenó las amenazas de racionamiento de la electricidad.

“La incertidumbre que genera posibilidad de implementar apagones selectivos en Puerto Rico, mientras (...) clientes aún siguen a oscuras y cuando el resto del país comienza a ver un poco de normalidad, es devastadora”, señaló.

Ortiz pidió también a Rosselló que publicite los planes fiscales revisados para la empresa eléctrica, además de para la agencia de agua y saneamiento.

El viernes, la junta de control anunció que seguía revisando esos planes, además del plan fiscal general de Puerto Rico, y anunció que amplió en más de un mes el plazo máximo para aprobarlos.

Apenas unas horas antes de que la junta presentase su última petición de ayuda, la compañía anunció que reducía las horas laborables de sus empleados de siete a cinco días por semana por razones de seguridad. No estuvo claro de inmediato qué impacto tendrá esta decisión en los esfuerzos para restablecer el servicio en todo el país, y el líder sindical Ángel Figueroa no respondió a una petición de comentarios.

La junta dijo también en su presentación que buscará un gran préstamo adicional en un plazo de dos a cuatro semanas para mantener la empresa en funcionamiento. Miembros del organismo y funcionarios del gobierno boricua señalaron que se reunirían con un grupo de acreedores más tarde el viernes, aunque no proporcionaron más detalles.

Dada la grave situación en la isla, Roselló anunció en enero la privatización de la compañía en los próximos 18 meses.