GUATEMALA (AP) — El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala pidió el jueves a la Corte de Constitucionalidad (CC) que detenga la reforma que redujo las sanciones para el delito de financiamiento electoral ilegal y cambió por multas las penas a diez años de prisión por otros ilícitos, una decisión que ha agravado la crisis política en el país.

El procurador Jordán Rodas dijo a periodistas que la reforma aprobada la víspera por el Congreso pone en riesgo a la población guatemalteca.

La CC emplazó por cuatro horas al Congreso para que informe sobre los cambios realizados y sesionará el viernes para resolver sobre la solicitud.

La reforma a tres artículos del Código Penal guatemalteco fue aprobada unos días después de que el presidente Jimmy Morales fuera señalado por la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de irregularidades durante la campaña que lo llevó al poder en 2016.

En una acción que los críticos consideraron una maniobra para proteger al presidente y a los políticos de posibles acciones penales futuras, los legisladores avalaron por mayoría reducir de 12 a 10 años la pena máxima de prisión para quien incurra en ese delito y permitir que una sentencia de una década de cárcel por otros ilícitos pueda ser conmutada por una multa.

El Ministerio Público dijo que con la reforma quedarán al menos 400 delitos exonerados de cumplir prisión, entre ellos la extorsión, el robo agravado, algunas variantes de homicidio, el peculado, la malversación, la violación y el cohecho, la pornografía infantil, entre otros.

Desde la mañana del jueves, varias personas protestaban frente al Congreso en rechazo a los cambios.

“¡Ratas, ratas, ladrones!”, gritaban los manifestantes a los diputados, otros les lanzaban tomates, que ingresaban a las instalaciones del Palacio Legislativo.

Oscar Chinchilla, presidente del Congreso, convocó de urgencia al pleno de los diputados para que el viernes por la tarde discutan y den marcha atrás con los cambios. Chinchilla agregó que llevarían a cabo un procedimiento establecido en la ley para que las reformas puedan suspenderse y archivarse definitivamente.

El Proyecto de Precedente Legislativo, que mencionó Chinchilla, sirve para regular los procedimientos que pueden aplicarse a decretos que reciban objeciones. En este caso, el proceso es viable porque los diputados que votaron en favor de las reformas presentaron reparos sobre las mismas.

La indignación de la población evoca a la suscitada en 2015 cuando miles de personas pidieron la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti acusados de actos de corrupción. Ambos renunciaron a sus cargos y están presos a la espera de saber si irán a juicio.

Tras la convulsión política, Morales llegó al poder con poca experiencia política y después de ser un comediante de televisión que ganó popularidad entre la gente con el lema “Ni corrupto, ni ladrón”. El partido que lo apoyaba —el Frente de Convergencia Nacional (FCN), fundado por exmilitares, algunos acusados de crímenes de lesa humanidad— ha sido uno de los impulsores de los cambios legales.

Para que entre en vigor la reforma debe ser promulgada por el presidente, quien ha negado haber incurrido en irregularidades durante su campaña. El martes el Congreso evaluó el retiro de su inmunidad para que Morales pudiera ser investigado por presunto financiamiento electoral ilícito, pero no se alcanzaron los votos necesarios para decidir sí o no y el caso fue archivado.

El presidente Morales dijo en un mensaje televisado que al recibir las reformas analizará jurídicamente los cambios. “Si se determina que estas son nocivas para el pueblo de Guatemala y atentan contra los intereses de la nación, utilizaré mi derecho a veto”, dijo y llamó a la calma a la población.

Un par de días después de la acusación de la Fiscalía y CICIG, Morales ordenó la expulsión del titular de ésta última, lo que lo volvió blanco de críticas dentro y fuera del país ante lo que varios consideraron un intento de protegerse. Finalmente la Corte Constitucional detuvo la salida del país del comisionado.

Esta semana también se conoció que Morales recibió durante nueve meses un sobresueldo de 61.000 dólares de parte del ejército. La Contraloría General de Cuentas, que investiga el pago, le dio al mandatario 15 días de plazo para que presente sus argumentos de descargo o devuelva el dinero.

El jueves el ejército compartió a periodistas la copia de un cheque que aseguran que demuestra que Morales devolvió el dinero otorgado como bono extraordinario. El presidente, quien tiene ya casi un mes de no hablar con la prensa, no se ha referido públicamente a este tema.