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Argentina: oficialismo busca crear nuevo servicio secreto

February 25, 2015

BUENOS AIRES (AP) — La Cámara de Diputados comenzó a debatir el miércoles la creación de una nueva agencia de inteligencia impulsada por el gobierno luego de que la muerte del fiscal Alberto Nisman dejó al desnudo el uso indebido de los servicios secretos en Argentina.

La iniciativa es resistida por la oposición que considera que no logrará una verdadera reforma de los servicios secretos. La propuesta, ya aprobada por el Senado, disuelve la actual Secretaría de Inteligencia y crea la Agencia Federal de Inteligencia.

El jefe de gabinete Jorge Capitanich dijo a periodistas antes del inicio del debate legislativo que la nueva ley representará “un cambio cualitativo extraordinario” y es una “deuda” de la democracia.

“Que no se preocupe nadie, todas las garantías de la constitución están aseguradas”, afirmó Capitanich. El oficialismo cuenta con peso propio en la cámara baja para sacar adelante la iniciativa.

Una de las mayores críticas al proyecto es que las intervenciones telefónicas pasarán de la órbita de los servicios secretos a la del Ministerio Público Fiscal cuya jefatura, según opositores y analistas, responde al gobierno y no es independiente.

La oposición cuestiona además que el gobierno impulse la ley para retomar la iniciativa política tras ver afectada su imagen por la misteriosa muerte de Nisman, quien el 14 de enero había acusado a la presidenta Cristina Fernández de encubrir a los iraníes acusados de un atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994. Cuatro días después el fiscal fue hallado muerto en su apartamento con un tiro en la cabeza.

Según el diputado opositor Pablo Tonelli, “el proyecto ha sido redactado... con el fin de desviar la atención de la denuncia que Nisman había formulado”.

Agregó que la iniciativa no aborda los principales problemas y que “los agentes seguirán siendo los mismos, el gasto seguirá siendo discrecional y reservado, el control continuará siendo escaso e ineficaz”.

Según el Centro de Estudios Legales y Sociales, que participó en la elaboración de la iniciativa, ésta prohíbe que los servicios secretos hagan investigación criminal a menos que un juez lo autorice. También establece que el presupuesto para inteligencia será público y contempla la prisión de tres a 10 años e inhabilitación para los agentes que “indebidamente” intercepten o desvíen comunicaciones e información.

Desde 1983, cuando se restableció la democracia, ningún gobierno pudo controlar y transparentar los servicios secretos, que según analistas operaron para los intereses de los distintos Ejecutivos, partidos políticos y grupos periodísticos.

Tras la misteriosa muerte de Nisman se hizo cada vez más evidente la existencia de una guerra interna en los servicios secretos.

La iniciativa legislativa se debate cuando el Ejecutivo ha redoblado su ofensiva contra el ex jefe de inteligencia Antonio “Jaime” Stiuso, sobre el cual la presidenta tendió un manto de sospecha al sugerir que estaría detrás de la muerte de Nisman.

La justicia aún no ha determinado si el fiscal fue asesinado, se suicidó o fue víctima de un suicidio inducido.

El gobierno acusó a Stiuso ante la justicia de contrabando de mercancías y evasión, en lo que constituye una escalada en su enfrentamiento con el ex espía al que Fernández apuntó además como el artífice del contenido de la denuncia que hizo Nisman en su contra, en la cual también están imputados el canciller Héctor Timerman, dos supuestos espías y allegados al gobierno.

El abogado de Stiuso, al cual el gobierno echó en diciembre, rechazó las acusaciones contra su defendido y señaló que éste salió de Argentina tras declarar días atrás como testigo por la muerte de Nisman ya que teme por su vida.

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