SANTIAGO, Chile (AP) — La presidenta chilena Michelle Bachelet hizo el jueves un enérgico llamado para que civiles y militares entreguen la información que tengan sobre los desaparecidos durante la dictadura, al cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende.

"Han pasado 41 años y los testigos, los sobrevivientes, las víctimas que salvaron su vida y los propios victimarios y sus cómplices son hoy personas mayores. Muchos han muerto a la espera de justicia, muchos han muerto guardando silencio. Basta ya de esperas dolorosas y de silencios injustificados", dijo Bachelet.

Añadió que "es el momento de hermanarnos en la verdad y para ello es fundamental que quienes tienen información relevante, sean civiles o militares, la entreguen".

En el marco del nuevo aniversario del golpe militar el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, dijo que Bachelet solicitará al congreso que debata con suma urgencia un proyecto que duerme en el parlamento desde el 2006, que busca anular o derogar la ley de amnistía.

La ley de amnistía es otro legado del régimen militar de Augusto Pinochet, 1973-1990, que permite que los violadores a los derechos humanos no ir a la cárcel, aunque su derogación o anulación será más bien simbólica y no tendrá efectos prácticos porque los jueces dejaron de aplicarla en 1998.

La norma cubre el período septiembre de 1973 a abril de 1978, época en que se cometieron las peores violaciones a los derechos humanos. El gobierno necesita mayoría simple para aprobar el proyecto, y cuenta con más legisladores en ambas cámaras.

Mientras Bachelet presidía el acto en La Moneda se difundió la noticia de la detención del desaforado diputado Rosauro Martínez, procesado por el asesinato de tres izquierdistas en 1981 cuando dirigía comandos que perseguían a militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

La Corte de Apelaciones decidirá el viernes si autoriza la libertad bajo fianza otorgada a Martínez.

El acto oficial con el que se conmemoró el nuevo aniversario de la sublevación militar liderada por Pinochet el 11 de septiembre de 1973 se desarrolló en uno de los patios del palacio de gobierno.

El régimen militar dejó poco más de 40.000 víctimas, incluidos 3.095 disidentes muertos. A casi un cuarto de siglo del retorno de la democracia aún falta encontrar los restos de un millar de desaparecidos cuyo paradero se desconoce.

La jornada empezó en la madrugada con actos vandálicos en barrios periféricos de la ciudad en los que un policía fue herido en un ojo, dos vehículos fueron quemados y la sucursal de un banco seriamente dañada por un bombazo.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, dijo que hubo 21 detenidos y precisó que la policía identificó 97 áreas "complejas" donde otros años ha habido disturbios, por lo que la presencia policial fue reforzada.

Los desórdenes aumentaron el temor de la población que se disparó tras un atentado el lunes a una galería comercial aledaña a una estación del tren subterráneo de Santiago que dejó 14 heridos. En los días siguientes se registraron múltiples amenazas de bomba que obligaron a intervenir a agentes policiales especializados y cerrar estaciones ocasionando retrasos a los pasajeros.

Diversas autoridades y analistas han admitido las falencias de la Agencia Nacional de Inteligencia, que carece de agentes propios y se alimenta de informes de otros servicios, y la fiscalía nacional, que debió pedir ayuda a organismos de otros países para avanzar en la investigación del ataque.

La fiscalía pidió asesoramiento a la estadounidense Oficina Nacional de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés). El jefe de los fiscales, Sabas Chahuán, precisó el jueves que "tenemos hace tiempo un convenio con el FBI", aunque destacó que "obviamente la investigación se desarrolla por policías chilenos y por la fiscalía chilena".

Algunas de las pistas seguidas por los investigadores se relacionan con grupos anarquistas.

Bachelet dijo en su discurso que "en Chile no hay y no puede haber espacio para la violencia ni para el miedo ni el temor", en abierta alusión al atentado y a las amenazas de bombas, que se han extendido a provincias del interior.