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Militares arremeten contra Ministerio Público salvadoreño

February 26, 2018

SAN SALVADOR (AP) — Las fuerzas armadas de El Salvador negaron el lunes la existencia de grupos de extermino en su interior y acusaron de abuso de poder al Ministerio Público, que recientemente señaló a tres militares de alto rango de encubrir la privación de libertad y tortura de dos hombres.

“Estamos aquí para negar enfáticamente la existencia dentro de la institución de grupos de exterminio y sobre todo para negar la complacencia de los mandos militares de esos grupos ilegales”, dijo en conferencia de prensa el ministro de la Defensa, general David Munguía Payés.

Rodeado por el alto mando de las fuerzas armadas y todos los comandantes, Munguía Payés dijo que se habían reunido “para criticar a uno de los eslabones débiles que estamos encontrando en el sistema de justicia”.

Según agregó, la Fiscalía realizó “allanamientos injustificados” en las viviendas militares, “donde destruyeron propiedad e intimidaron a los propietarios” y “se perdieron enseres importantes, joyas y dinero”, aunque aclaró que las fuerzas armadas estaban dispuesta a someterse a procesos legales cuando se cometieran delitos o violación al estado de derecho o los derechos humanos.

“No estamos aquí paras expresar que los militares somos intocables”, aseguró.

La reacción de las fuerzas armadas se produce luego que la Fiscalía General vinculara a dos coroneles y un teniente coronel en el caso de ocho soldados condenados en 2017 por los delitos de tortura y privación de libertad de dos hombres, uno de ellos menor de edad. También detuvieron a cuatro abogados, un fiscal, un policía, dos empleados judiciales y un médico vinculados al mismo caso.

Los militares fueron identificados como los coroneles Héctor Solano Cáceres y David Iglesias Montalvo, y el teniente coronel Leonel Ascencio Sermeño. Recientemente Solano Cáceres fue nombrado como agregado militar en la embajada de El Salvador en Honduras y el segundo está destacado en el Estado Mayor de las fuerzas armadas.

Según el juicio, los soldados fueron enviados a buscar a varios sujetos que habían ingresado por la fuerza a una casa de campo de un oficial de las fuerzas armadas robándose un arma de fuego, dinero y otras pertenencias. Los ocho militares que fueron condenados a 14 años de prisión alegaron que lo único que hicieron fue cumplir órdenes que presuntamente dieron los coroneles.

La Fiscalía presentó como parte de las pruebas las escuchas telefónicas en las que supuestamente estos militares aceptaban formar parte de un grupo que se dedicaba a las actividades de exterminio. Sin embargo, un juzgado desestimó las grabaciones y decidió que fueran procesados en libertad sólo por el delito de agrupaciones ilícitas.

El Fiscal General, Douglas Meléndez, reaccionó casi de inmediato a las declaraciones de Munguía Payés y destacó que si bien es cierto que el juzgado desestimó las llamadas telefónicas por no presentarlas a tiempo, se “ha establecido que hay una agrupación ilícita donde se han visto involucrados estos militares”.

Rechazó también que haya algún tipo de persecución contra los militares y afirmó que desde la Fiscalía también se están procesando y condenando a policías, pandilleros y alcaldes.

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