BUENOS AIRES (AP) — El mayor juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983) en Argentina concluyó después de cinco años el miércoles con la condena a prisión perpetua del excapitán de navío Alfredo Astiz, un símbolo de la represión ilegal, y de la mayoría de los 54 acusados por su accionar en el principal centro clandestino de detención y torturas del régimen.

Astiz, apodado el “Ángel de la muerte”, fue sentenciado por los delitos de secuestro, torturas, privación ilegítima de la libertad, homicidio y sustracción y ocultación de identidad de menores de edad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), situada al norte de la capital argentina y que albergó a más de 5.000 detenidos entre el golpe de Estado de 1976 y 1979.

La gran mayoría de los disidentes que fueron alojados en la ESMA figuran entre los 30.000 desaparecidos del régimen de facto de 1976 a 1983, según organismos de derechos humanos. La cifra oficial calcula unos 8.000 en total.

La misma pena recibió el exjefe de inteligencia naval Jorge Eduardo Acosta, apodado “Tigre”, otro emblemático represor. Al igual que Astiz, ya cumple la misma condena por un juicio anterior.

Sobrevivientes, familiares de víctimas y militantes de organismos de derechos humanos celebraron el fallo contra Astiz mientras seguían la lectura del veredicto por una pantalla gigante ubicada afuera del edificio de tribunales.

“Estamos viviendo un momento histórico”, dijo a The Associated Press Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo. “Vamos a seguir más juntos que nunca exigiendo justicia y lo estamos logrando. No estaremos cuando llegue la última condena pero la posta la tomarán estos jóvenes”, indicó señalando a los militantes que custodiaban a las veteranas dirigentes humanitarias.

Los jueces dictaron penas de entre ocho años de prisión a cadena perpetua a la mayoría de los acusados.

El tribunal, por otra parte, absolvió a seis de los acusados.

La investigación judicial sobre lo ocurrido en este centro de torturas, que tomó impulso a partir de la derogación de las leyes de amnistía y de los indultos que protegían a los miembros de las Fuerzas Armadas hace más de un década, se tuvo que dividir debido a la cantidad de implicados y víctimas y la complejidad de los delitos.

La sentencia dictada corresponde al tercer juicio por lo ocurrido en la ESMA, que comenzó con 68 imputados en 2012 -que se redujeron a 54 por muerte o razones de salud- y 789 víctimas, un hito en la historia judicial de Argentina.

El máximo responsable de la ESMA, el exjefe de la Armada, Emilio Massera, falleció en 2010.

Acosta oficiaba en la práctica como jefe del centro clandestino y resolvía sobre la vida y muerte de la mayoría de los detenidos, según los cientos de testimonios recogidos en este juicio. Era el jefe directo de Astiz, quien por ese entonces se infiltró en el grupo original de las Madres de Plaza de Mayo. Bajo el nombre falso de Gustavo Miño, el marino se ganó la confianza de sus integrantes simulando ser el hermano de un desaparecido.

Astiz marcó a la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y a las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon cuando un operativo de la marina ingresó a la iglesia donde habitualmente se reunían y se llevó detenidas a las activistas. Las tres fueron asesinadas.

Durante su declaración ante el tribunal, Astiz negó todo arrepentimiento. "Los organismos de derechos humanos son grupos de persecución y venganza. Nunca voy a pedir perdón".

Por primera vez, ocho imputados fueron juzgados por su responsabilidad material en los denominados “vuelos de la muerte”, una metodología represiva única entre las dictaduras de Latinoamérica por la cual la mayoría de los detenidos en la ESMA eran sedados, luego subidos a aviones de la Marina y arrojados al Río de La Plata o al océano Atlántico para no dejar rastro de sus cuerpos.

Por este delito fue absuelto Julio Poch, un piloto argentino con nacionalidad holandesa que fue detenido en España en 2009 y luego extraditado a Argentina.

Según los querellantes, el juicio también arrojó nueva evidencia sobre el funcionamiento de la ESMA como sala de partos clandestina, donde muchas detenidas dieron a luz y fueron separadas de sus niños. Los pequeños fueron entregados luego en adopción ilegal y bajo otra identidad a familias de militares u allegados. Jorge Magnacco, responsable de la maternidad, recibió 14 años de prisión.

Más de una veintena de hijos de mujeres desaparecidas nacidos en la ESMA fueron recuperados por sus familias de origen gracias a la búsqueda de las Abuelas de Plaza de Mayo.

En un primer juicio en 2007 el único imputado, el prefecto Héctor Febres, encargado de las embarazadas, murió envenenado con cianuro en la cárcel un día antes de la sentencia.

El segundo comenzó en 2009 y tuvo 16 condenados dos años después.

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El video-periodista de AP Paul Byrne contribuyó con este reporte.