WASHINGTON (AP) — El gobierno estadounidense impuso sanciones financieras el jueves sobre otros 10 funcionarios y exfuncionarios venezolanos por acusaciones de corrupción y abuso de poder relacionadas con la ola represiva del gobierno de Nicolás Maduro contra la oposición.

Además, Washington criticó una ley aprobada esta semana que restringe el uso de las redes sociales y los medios electrónicos al ordenar sentencias de hasta 20 años de cárcel para cualquiera que instigue al odio.

El Departamento del Tesoro informó que impuso las nuevas sanciones en respuesta a las elecciones regionales del mes pasado en Venezuela, que calificó de fraudulentas. Esos comicios se vieron opacados por irregularidades que “indican con firmeza que se trató de un fraude que ayudó al partido oficialista a ganar, inesperadamente, una mayoría de las gobernaciones”, señaló la dependencia en un comunicado.

A través de Twitter, el canciller venezolano Jorge Arreaza rechazó las sanciones impuestas y consideró que estás forman parte de una campaña sistemática de agresión del gobierno de Donald Trump contra Venezuela. Arreaza además acusó a Washington de intentar una vez más generar desestabilización y violencia en el país sudamericano.

Las medidas congelan los bienes en Estados Unidos de los funcionarios señalados y prohíben a todo estadounidense realizar transacciones con ellos. Entre los señalados están el exministro de comunicaciones Ernesto Villegas, el exministro de alimentación Carlos Osorio y otros involucrados en la organización de elecciones. El Tesoro dijo que todos los funcionarios desempeñaron un papel para socavar procesos electorales, en la censura de medios de comunicación o en la corrupción en programas de alimentos administrados por el gobierno.

"Mientras el gobierno venezolano continúe irrespetando la voluntad del pueblo, nuestro mensaje sigue siendo claro: Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados mientras el régimen de Maduro sigue destruyendo el orden democrático y la prosperidad de Venezuela", dijo en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

En el Departamento de Estado, la portavoz Heather Nauert criticó la ley de medios de comunicación, que fue adoptada el miércoles y le prohíbe a los venezolanos difundir cualquier mensaje a través de la televisión, la radio o las redes sociales que instigue a la violencia o el odio.

Nauert consideró que la ley es “la nueva herramienta” del gobierno “para suprimir la libertad de expresión”, y les dijo a los reporteros que está específicamente diseñada “para suprimir a las voces disidentes”.

El gobierno de Trump ha sancionado a decenas de funcionarios y exfuncionarios venezolanos, incluido el vicepresidente Tareck El Aissami, acusado por Estados Unidos de desempeñar un papel importante en el tráfico de drogas a nivel internacional. En agosto, Washington impuso sanciones financieras en las que les prohíbe a los bancos estadounidenses proporcionarle dinero nuevo al gobierno o a PDVSA, la petrolera operada por el gobierno, después de la controvertida elección para formar una poderosa Asamblea Constituyente que la oposición boicoteó.

En las repetidas rondas de sanciones han estado misteriosamente ausentes aliados clave de Maduro, como Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Constitucional, y Diosdado Cabello, líder del partido socialista.

La ronda más reciente de sanciones incluye a tres funcionarios del Consejo Nacional Electoral, cuyos integrantes son favorables al gobierno y al que la oposición ha acusado de manipular el conteo de votos en cuando menos uno de los 23 estados de la nación en los que se llevaron a cabo comicios para gobernadores en octubre. Los líderes de la oposición también acusan a los funcionarios del Consejo Electoral de darles una ventaja a los candidatos progubernamentales a través de acciones como la reubicación de casillas electorales en el último momento en sectores dominados principalmente por la oposición.

Aunque sondeos independientes previos a las elecciones habían pronosticado ampliamente que los candidatos de la oposición se adjudicarían la mayoría de las gobernaciones en disputa, los resultados del Consejo Electoral mostraron que solo ganaron cinco estados. Posteriormente se requirió que los candidatos de oposición ganadores juramentaran ante la Asamblea Constitucional progubernamental para poder asumir su puesto.

Las nuevas sanciones fueron impuestas una semana después de que Maduro anunció que empezaría a reestructurar la deuda de Venezuela, por considerarlo la mejor manera de evadir las sanciones financieras estadounidenses que dijo están paralizando a esta nación cuya economía depende fuertemente del petróleo. Las autoridades venezolanas invitaron a los tenedores de bonos a Caracas para hablar sobre la reestructuración de la deuda.

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Christine Armario contribuyó a este despacho desde Bogotá.