BRUSELAS (AP) — La Unión Europea impuso el lunes sanciones económicas y de viaje a siete altos funcionarios venezolanos acusados de abusos contra los derechos humanos o de violar el estado de derecho en el país sudamericano.

La medida fue adoptada “mientras la situación política, social y económica en Venezuela sigue deteriorándose”, indicó la Unión Europea en un comunicado. Las autoridades estadounidenses habían sancionado previamente a decenas de líderes venezolanos, incluyendo al presidente Nicolás Maduro.

Los funcionarios involucrados rechazaron las sanciones que se anunciaron el mismo día en que estudiantes de una universidad de Caracas se enfrentaron con policías durante una protesta.

El funcionario de mayor rango en la lista de sanciones europeas es Diosdado Cabello, miembro de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela, y considerado como el segundo hombre más poderoso del país. Cabello no ha recibido sanciones por parte de Estados Unidos.

Entre los demás funcionarios sancionados se incluye a: Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela; el ministro del Interior, Néstor Luis Reverol; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno; el comandante de la Guardia Nacional, José Benavides; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena Ramírez; y Gustavo Enrique González, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.

Los funcionarios de la Unión Europea indicaron que los sancionados “están involucrados en incumplimientos a los principios democráticos o al estado de derecho, así como violaciones a los derechos humanos. Se les congelarán sus activos y tienen prohibido viajar a Europa.

En una transmisión en la televisora estatal, el ministro de comunicaciones Jorge Rodríguez rechazó las sanciones por parte de la “élite” europea en contra de los venezolanos, a los que llamó “patriotas” honorables y decentes.

“La democracia venezolana, es una democracia sólida”, declaró Rodríguez. “No hay país que la ejerza plenamente como se realiza en Venezuela”.

Venezuela fue en un momento una de las naciones más ricas de Latinoamérica, al contar con las mayores reservas petroleras del mundo. Pero las malas gestiones y el reciente desplome en los precios del crudo a nivel mundial sumieron al país en una profunda crisis económica y política marcada por el desabasto de alimentos y medicinas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones contra 51 funcionarios venezolanos, incluyendo cuatro oficiales en activo y jubilados del ejército, en un intento de debilitar el poder de Maduro.

Decenas de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela arrojaron el lunes piedras y bombas incendiarias contra la policía antimotines, que respondió la agresión disparando balas de goma y gas lacrimógeno.

Un estudiante con el rostro cubierto dijo que la protesta es por la muerte de Óscar Pérez, un policía rebelde que convocó a un levantamiento en contra del gobierno de Maduro y quien fue abatido junto a otras seis personas la semana pasada durante un enfrentamiento con las fuerzas gubernamentales.

“Los políticos nos abandonaron”, dijo el joven. “Literalmente nos dejaron aquí y nosotros tenemos que luchar por lo que creemos de verdad, por la convicción de la libertad de nuestro país”.