SAN SALVADOR (AP) — La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ordenó que el presidente Salvador Sánchez Cerén entregue información sobre los restos del embajador sudafricano Archibald Gardner Dunn, secuestrado y desaparecido en 1979.

Para ello, un juez ejecutor deberá visitar e interrogar al mandatario, y Sánchez Cerén contará con tres días para rendir el informe requerido. Al respecto, el secretario de Comunicaciones de la presidencia, Roberto Lorenzana, criticó el miércoles la sentencia y aseguró que “tiene un propósito político de dañar la imagen del presidente”.

Todo ocurrió después de que la Sala de lo Constitucional admitiera una demanda presentada por un familiar de Gardner Dunn contra las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) por la desaparición forzada del embajador. Según la denuncia, las demandas para su liberación fueron realizadas mediante una publicación de las FPL, una de las cinco organizaciones político-militares que luego formaron el guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Según el demandante, los secuestradores exigieron el pago de dos millones de dólares. Monseñor Óscar Arnulfo Romero y el exembajador de El Salvador en Washington, Ernesto Rivas Gallont, fueron intermediarios.

Hasta la fecha, ni las FPL, que estuvieron al mando de Sánchez Cerén, ni el FMLN se han pronunciado acerca de su liberación. Por ello, aún se desconoce el paradero del cuerpo de Gardner Dunn.

La Sala ordenó que Sánchez Cerén se pronuncie sobre la vulneración constitucional y brinde información relacionada a la ubicación de Gardner Dunn, pero Lorenzana afirmó que “el presidente no pertenecía a la FPL en ese año, y era un líder magisterial”. Agregó que la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, creada luego de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil en 1992, hizo una investigación exhaustiva del caso y no mencionó a Sánchez Cerén.