CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un grupo de influyentes intelectuales y escritores mexicanos publicaron una carta abierta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto en la que le pidieron presentar cargos o cerrar lo que consideran una investigación politizada contra un candidato presidencial de la oposición.

En la misiva publicada el domingo, el grupo dijo que los intentos de la Procuraduría General de la República de llevar a cabo una investigación de lavado de dinero contra un supuesto allegado del candidato Ricardo Anaya “erosiona aún más a las instituciones que encarnan la autoridad del Estado mexicano”.

La carta fue firmada por ex funcionarios del gobierno como Jorge Castañeda, Arturo Sarukhán y José Woldenberg, e intelectuales como Enrique Krauze. El grupo destacó que no era una muestra de apoyo a Anaya, solo una solicitud a las autoridades para no politizar a las agencias del orden.

“Si hay pruebas contundentes sobre la responsabilidad legal de Ricardo Anaya exhortamos a que la autoridad ministerial proceda en consecuencia”, señala la misiva. “De lo contrario, el uso de la Procuraduría General de la República para perseguir a un líder de la oposición, pone a México junto a países con regímenes autoritarios”.

Anaya, candidato del Partido Acción Nacional, de tendencia conservadora, se ubica segundo en las preferencias rumbo a los comicios presidenciales del 1 de julio, detrás del abanderado de la izquierda Andrés Manuel López Obrador. José Antonio Meade, candidato del Partido Revolucionario Institucional, al que pertenece Peña Nieto, está en tercera posición.

La semana pasada, la PGR difundió un video de circuito cerrado en el que aparece Anaya ingresando a las instalaciones de la procuraduría en la Ciudad de México en compañía de sus abogados y simpatizantes. La cinta es banal, aunque se escucha a alguien del grupo proferir un insulto.

El procurador interino Alberto Elías Beltrán aparentemente difundió la cinta precisamente porque las autoridades querían que las personas escucharan el insulto.

“Existen insultos hacia el personal de la procuraduría”, explicó Beltrán posteriormente al explicar el video.

Anaya y el resto del grupo no parecían estar al tanto de que estaban siendo grabados. En México está prohibido grabar reuniones entre un abogado y su cliente, o que un tercero grabe a personas sin su consentimiento.

La investigación por lavado de dinero se enfoca en un allegado de Anaya, quien tuvo acuerdos comerciales dudosos después de invertir en un proyecto de almacenes en el que estuvo involucrado el candidato. Anaya ha dicho que no es responsable por lo que otras personas hicieron con el dinero después de que se vendió la propiedad.

Anaya ha dicho que toda la investigación es una campaña política impulsada por el gobierno para desacreditarlo e inyectarle vida a la candidatura de Meade.

“El gobierno de Enrique Peña Nieto ha emprendido en mi contra un brutal ataque para intentar sacarme de la elección presidencial, mediante el uso ilegal y faccioso de las instituciones como la PGR”, afirmó el candidato del PAN el domingo. “Eso implica una grave amenaza a nuestra democracia”.

Peña Nieto pareció intentar minimizar el escándalo el lunes, al decirle a los medios de comunicación locales: “Son los dimes y diretes de cada uno de los participantes y es normal, es propio de todo proceso electoral”.

“Me parece que este es el clima natural de todo proceso electoral, de todo proceso democrático”, agregó.

Por su parte, Meade dijo el lunes que Anaya tomó “malas decisiones patrimoniales” y como candidato debería estar preparado para “asumir las consecuencias”.

“Yo creo que aquí en una contienda seria, en una contienda relevante, quienes estamos buscando y aspirando, tenemos que ser serios, consecuentes y congruentes... Ricardo se enriqueció, y las evidencias de ese enriquecimiento están hoy a la vista de todos, y es sobre eso sobre lo que tenemos que discutir”, afirmó Meade.

La pesquisa se presenta en un contexto en el que la fiscalía tiene asuntos aparentemente de mayor prioridad en sus manos que investigar a candidatos de oposición.

Se detectaron explosivos en dos embarcaciones turísticas en la costa del Caribe mexicano en las últimas semanas, y la tarde del domingo ocurrieron dos ejecuciones por parte de cárteles del narcotráfico en la ciudad turística de Cancún.

También se han rezagado durante varios años las investigaciones sobre los sobornos que supuestamente entregó en el país la constructora brasileña Odebrecht, a pesar de los destacados procesos que se han realizado contra esa compañía en otras partes de Latinoamérica.