LIMA (AP) — El evento más importante del año de los países productores y compradores de madera tropical ha puesto bajo la lupa a Perú, que mantiene altos índices de exportación ilegal de madera proveniente de los bosques amazónicos.

En la cita que reúne a 73 países la Organización Internacional de Maderas Tropicales (ITTO, por sus siglas en inglés) examinará los mecanismos que incentiven a los países en desarrollo a "alentar a las buenas empresas a aumentar y producir madera de mejor calidad", dijo a The Associated Press su director, el alemán Gerhard Dieterle.

Uno de los mayores enemigos de los bosques es la tala ilegal, el delito ambiental más rentable con unos 50.000 millones de dólares en perjuicios, según las Naciones Unidas. En Estados Unidos el tráfico de madera ilegal se castiga hasta con cinco años de cárcel pero en otros como China o México -donde va principalmente la madera peruana- no se prohíben esas importaciones de dudoso origen.

La cita es una "oportunidad para reevaluar" la situación de los bosques peruanos y sus altos porcentajes de tala ilegal que traen corrupción y violación de derechos humanos, dijo Julia Urrunaga, de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, en inglés), con sede en Washington.

Perú es el cuarto país con mayor superficie de bosques tropicales del mundo después de Brasil, Congo e Indonesia. A su vez junto a Brasil y otras siete naciones de Sudamérica se ubica en la zona más extensa de selva tropical del planeta, que alcanza un área de seis millones de kilómetros cuadrados.

Desde 2012 informes de ambientalistas internacionales han mostrado que más de 90% de la madera peruana que se exporta tiene procedencia ilegal.

La semana pasada el Centro para el Derecho Ambiental Internacional CIEL, con sede en Washington, presentó una investigación basada en datos oficiales que reveló que 71% de la madera peruana enviada a China y 75% a México era de origen ilegal.

En 2015 las autoridades junto con Interpol encontraron más de 9.200 metros cúbicos de madera, equivalentes a más de 340 contenedores, que 11 empresas peruanas habían exportado a Estados Unidos y México por barco y que constituyó el mayor escándalo de exportación ilegal de madera. A inicios de noviembre de 2017 un informe de Global Witness, con sede en Londres, presentó testimonios en video de representantes de tres de las 11 empresas involucradas en el caso en el que reconocían que habían exportado madera ilegal.

El otro gran problema que impulsa la tala es la falta de títulos de propiedad de más de 4.000 comunidades amazónicas peruanas, lo que les resta poder para defender los bosques de los traficantes y solicitar financiamiento para programas de reforestación.

Urrunaga comentó que se deben implementar normas ya vigentes en Perú como "la priorización de titulación para las comunidades indígenas y la obligatoriedad de demostrar origen legal de los productos forestales para su comercialización" para combatir la tela ilegal.

Dieterle, afirmó que "el problema en Perú y otros países productores de madera es que en muchas áreas las bases para la legalidad y sostenibilidad aún no están completamente establecidas" y añadió que uno de los pasos a seguir es "clarificar la propiedad de la tierra".

Los activistas sostienen que la cadena ilegal de madera también pone en peligro la vida de quienes se atreven a defender los bosques. En 2014 el ambientalista indígena peruano Edwin Chota y otros tres que defendían su aldea de los taladores fueron asesinados. Tres años después el crimen sigue impune.

Aunque durante la inauguración de la cita global el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski dijo "queremos promover, junto con muchos otros países, la conservación de los bosques tropicales", el investigador de CIEL Rolando Navarro, un experto forestal que elaboró la reciente investigación, comentó que "todo queda en el discurso... porque en la práctica siguen los altos índices de ilegalidad en el comercio de la madera".