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FARC y gobierno acuerdan resarcimiento a víctimas

December 16, 2015

LA HABANA (AP) — El gobierno colombiano y las FARC firmaron el martes el acuerdo más complejo de la agenda del proceso de paz sobre la justicia aplicable a los combatientes y el resarcimiento a las víctimas, lo que abre la puerta a una reconciliación y crea una jurisdicción para procesar a guerrilleros y militares enfrentados desde hace más de 50 años.

Desde Colombia, el presidente Juan Manuel Santos dijo por la noche en una alocución televisada que este avance abre la posibilidad de que el acuerdo de paz pueda firmarse antes del 23 de marzo.

“No se pondrá en marcha un esquema de persecución y venganza. No habrá cacería de brujas, pero tampoco habrá espacio para la impunidad”, dijo el jefe de la delegación oficial, Humberto de La Calle, durante la ceremonia para rubricar el convenio.

Las partes acordaron lo que llamaron “un sistema integral” de cinco aspectos principales: una Comisión para el esclarecimiento de la verdad; una unidad especial para la búsqueda de desaparecidos; un paquete de medidas de reparación y otro para garantías de no repetición del conflicto. Además de las Jurisdicciones Especial para la Paz.

Esta Jurisdicción Especial para la Paz estará constituida por una serie de tribunales, que incluyen una Sala de Amnistía e Indulto, y otra para investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos, administrar justicia e imponer sentencias.

Las condenas se dividen en tres categorías: hasta 20 años de cárcel para quienes resulten culpables y no confiesen su responsabilidad; hasta cinco años de cárcel para quienes reconozcan delitos tardíamente; y hasta 8 años de “restricción efectiva de libertad” para quienes colaboren en el esclarecimiento de la verdad.

Estas penas podrán ser cumplidas en trabajos ligados a la restitución de las víctimas, como por ejemplo trabajar en tareas de desminado o de desarrollo agrícola. El tribunal juzgará a combatientes y no combatientes desde políticos, empresarios o financiadores de los grupos armados. No se impedirá la participación política a quien resulte culpable.

Los tribunales de la Jurisdicción estarán conformados por unos 40 jueces, 80% colombianos y 20% extranjeros.

“No nos vamos a solazar viendo la puesta tras las rejas de un oficial del Ejército o de la policía o de un alto funcionario o de un financiador de la guerra surgido de la empresa privada, preferimos trabajar con ellos... reconstruyendo sociedad y patria”, manifestó por su parte el comandante rebelde Iván Márquez, el máximo negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Márquez afirmó que a la guerrilla no le “interesa aplaudir la entrada a la cárcel de nuestros adversarios de la prolongada guerra.

También se prevé una amnistía para casos sólo del delito de rebeldía, pero que jamás se aplicará para crímenes de lesa humanidad u otros como toma de rehenes o reclutamiento de menores.

Este acuerdo sobre de víctimas y con su apartado sobre justicia fue firmado en presencia de una decena de personas que sufrieron en carne propia el conflicto en una emotiva ceremonia en la cual también se hizo un minuto de silencio y se prendieron velas blancas.

“La justicia restaurativa era la mejor fórmula de alcanzar la recuperación de la moral social, de depurar las costumbres políticas y sembrar la posibilidad de un bienestar general”, aseguró Márquez, cuyo nombre legal es Luciano Marín Arango.

Posteriormente a la ceremonia, en un encuentro con la prensa, De la Calle reconoció que muchos colombianos miran con desconfianza el acuerdo de paz, pero les pidió que evalúen la integralidad del sistema en todas sus partes, que llevarán a la no repetición de la guerra.

“Hoy reivindicamos nuestra dignidad”, expresó con tono conmovido durante la ceremonia Jineth Bedoya, quien habló a nombre de las víctimas y expuso la descorazonadora realidad de que habían recibido amenazas aún sin investigación por haber venido a las conversaciones en La Habana.

“Al venir a ofrecer nuestra voluntad de reconciliación estamos creyendo en ustedes y creemos que el país crea en el acuerdo de paz”, agregó Bedoya, mirando a las delegaciones de las FARC y el gobierno. “Pero si ustedes fallan, no lo harán con nosotros, lo harán con la historia de Colombia”.

Cerrar este punto de las víctimas supone además agilizar el acuerdo que Santos y el líder de las FARC Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, sellaron el 23 de septiembre sobre la justicia y que ahora abre estos tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Para Santos este acuerdo acerca la posibilidad de firmar la paz definitiva antes del 23 de marzo, dijo este martes durante una alocución televisada. La guerrilla sin embargo desestimó esa fecha en días pasado.

El mandatario insistió también en que trabaja para alcanzar “lo más pronto posible” un cese al fuego bilateral y definitivo, “pues las condiciones están dadas” señaló ante los colombianos.

Con un tono positivo desde la casa presidencial Santos defendió el acuerdo de La Habana y dijo que aunque sabe que “no es un tema sencillo” y que “existen preocupaciones” se ha logrado avanzar en el proceso de paz sin negociar “con nuestra democracia, nuestro sistema político o nuestro modelo económico” y que se busca que los guerrilleros defiendan “con votos y no con balas” sus ideas.

El mandatario insistió en que el acuerdo alcanzado perseguirá los crímenes más graves y “algo muy importante” dijo “las FARC se comprometieron por primera vez en sus historia a contribuir a la reparación material de las victimas” señaló durante su discurso.

Todo ello, no obstante, dijo Santos estará condicionado al voto popular y al plebiscito que se celebrará una vez firmado el acuerdo final y en el que podrán participar todos los ciudadanos.

Las conversaciones comenzaron a finales de 2012 en Oslo, Noruega y luego se trasladaron a Cuba.

En más de tres años de negociación las partes habían logrado cerrar tres de los seis puntos de una agenda preestablecida: problemas agrarios, participación política y combate al narcotráfico

Sin embargo el asunto dedicado a justicia y victimas se llevó un año y medio de conversaciones.

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El corresponsal de The Associated Press en Bogotá, Jacobo Garcia, contribuyó a este despacho.

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Andrea Rodríguez está en Twitter como www.twitter.com/ARodriguezAP

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