TEGUCIGALPA (AP) — Autoridades de Honduras capturaron el viernes al presunto autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres hace dos años, el presidente de la empresa que lideraba el proyecto energético contra el que la ambientalista luchó, cuando se disponía a viajar a Estados Unidos.

El detenido es Roberto David Castillo Mejía, un ingeniero eléctrico que en el momento del crimen fungía como presidente ejecutivo de la compañía Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), informó el Ministerio Público el mismo día en un comunicado.

Jorge Galindo, portavoz de la fiscalía, explicó a The Associated Press que el arresto se efectuó en el aeropuerto de San Pedro Sula cuando Castillo estaba a punto de volar a Houston.

Según la investigación, él fue “el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales ya procesado por el crimen”.

Galindo dijo también que Castillo egresó en 2004 con el cargo de subteniente de la Academia Militar de West Point en Estados Unidos, y también perteneció a los departamentos de Inteligencia y Contrainteligencia de las fuerzas armadas hondureñas.

Con Castillo ya son nueve los arrestados por su presunta participación en el homicidio en marzo de 2016 de la ecologista galardonada, cuando hombres armados entraron a su casa en La Esperanza a la mitad de la noche.

Cuatro de los detenidos trabajaban en DESA. Además, se procesó a dos investigadores por presentar pruebas falsas y tratar de desviar el caso en las primeras indagatorias.

La compañía aseguró en un comunicado que tanto Castillo como el resto de sus empleados “están totalmente desvinculados” del crimen, y que su “injusta detención” se debe a “presiones internacionales y campañas de desprestigio de diversas ONGs hacia la empresa”.

El hecho de que el arresto de una “persona honorable e inocente” coincida con el segundo aniversario del homicidio “genera ciertas interrogantes”, agrega la nota.

Sin embargo, Salvador Zúniga, exesposo de Cáceres, se mostró convencido de la culpabilidad de Castillo.

“Sin lugar a dudas es uno de los autores materiales de la muerte de Berta... y espero que pronto se haga justicia", afirmó.

Su hija, Olivia Zúniga Cáceres, ahora diputada por el izquierdista Partido Libertad y Refundación, insistió en que los dueños de DESA “asesinaron a mi madre”, y dijo confiar en que salga adelante una iniciativa parlamentaria que cancele la construcción de la presa de Agua Zarca.

Con motivo del segundo aniversario del crimen, decenas de familiares y amigos de Cáceres exigieron frente al Ministerio Público que lo sucedido sea aclarado cuanto antes.

Cáceres, junto al colectivo al que pertenecía, COPINH, se oponía al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca y el impacto que tendría en el territorio del pueblo indígena lenca. Por liderar esta lucha recibió el prestigioso Premio Ambiental Goldman.

En octubre de 2017, un equipo internacional de abogados conocido por las siglas GAIPE, presentó un informe en el que decía haber identificado a los “posibles autores intelectuales” del crimen y apuntaba a los directivos de DESA, sin mencionar ningún nombre. En este documento, los expertos también aseguraron que el homicidio fue producto de un complot, que había funcionarios públicos vinculados a la trama y que no se trataba de “un hecho aislado”.

Según GAIPE, el asesinato de Cáceres “fue producto de un plan estructurado por altos directivos de DESA, quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia... (y) actuaron en alianza con fuerzas de seguridad del Estado y estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado”.

Las averiguaciones de GAIPE indicaron que, a través de comunicaciones entre empleados de DESA y funcionarios del gobierno, supieron que la compañía se alió desde el comienzo con organismos de seguridad estatales y privados para aplicar una estrategia de “control y represión” a los adversarios del proyecto, lo que incluía vigilar a Cáceres.

Durante el ataque que acabó con su vida también fue herido el activista mexicano Gustavo Castro Soto, que estaba con ella en su casa.

Honduras, un Estado con niveles de impunidad que rondan el 96%, es el país más mortífero per cápita para los ecologistas. El año en que mataron a Cáceres fueron asesinados en total 14 ambientalistas, entre ellos otros dos miembros de COPINH, según la organización Global Witness.