SAN JUAN (AP) — La autoridad de la junta federal de control que supervisa las finanzas de Puerto Rico podría ser puesta a prueba después de que el gobernador de la isla desafió el lunes su exhortación a implementar medidas de austeridad adicionales.

Ricardo Rosselló rechazó las exigencias de la junta de que su gobierno presente un plan fiscal revisado que incluya una reforma laboral y una reducción de 10% en el sistema de pensiones, el cual está agobiado por pasivos que ascienden a 50.000 millones de dólares. Afirmó que el plan que presentará el jueves tampoco incluirá ningún despido.

“La junta no tiene los poderes de implementar asuntos de política pública. Es así de sencillo”, dijo.

La junta no respondió de inmediato a los comentarios de Rosselló, efectuados apenas horas después de que éste envió el domingo una carta de siete páginas a ese organismo en la que delineó por qué no implementará esos y otros cambios.

"El pueblo de Puerto Rico, tras el paso del huracán María, ha sufrido mucho en términos de reducción de los servicios del gobierno y pérdida económica”, dijo Rosselló en la misiva. “Ahora la junta está tratando de imponer recortes adicionales a las prestaciones y jubilación de los empleados del gobierno en el peor momento posible, cuando Puerto Rico trata de recuperarse”.

La tormenta de Categoría 4 causó más de 100.000 millones de dólares en daños cuando azotó la isla el 20 de septiembre, en una época en que lidiaba con una severa crisis económica y la restructuración de una porción de su deuda pública de más de 70.000 millones de dólares. Unos 80.000 usuarios siguen sin electricidad más de seis meses después del paso del huracán.

José Luis Cedeño, vocero de la junta, no respondió a una solicitud de comentarios.

La junta tiene la autoridad para aprobar su propio plan fiscal con los cambios que quiere, pero Rosselló dijo que carece del poder para obligarlo a implementarlos.

"De certificarse algunas de esas medidas, no le vamos a dar paso", afirmó.

El organismo federal señaló que aprobará el plan fiscal del gobierno antes del 20 de abril.

El domingo, la junta publicó cartas en las que reveló que también rechazó un plan fiscal para la mayor universidad pública de Puerto Rico, así como para la Autoridad de Carreteras y Transportación. Indicó que la Universidad de Puerto Rico debería incrementar su colegiatura por cada crédito de 57 a 157 dólares antes de que finalice el año, una propuesta que las autoridades locales han rechazado. Además, señaló que el plan fiscal de la Autoridad de Carreteras y Transportación no aparta fondos para proyectos vitales, y requiere de un análisis de sustentabilidad de deuda.

El gobierno de Rosselló no respondió de inmediato a las cartas del organismo. Tiene hasta el jueves para enmendar y presentar esos dos planes fiscales.

En un principio Rosselló presentó una propuesta de ley de reforma laboral a los legisladores de Puerto Rico que habría eliminado un bono navideño y aumentado el salario mínimo de 7,25 dólares la hora a 8,25 dólares para el 2021, entre otras cosas. Pero la semana pasada retiró la propuesta en respuesta a las demandas de la junta.

Rosselló criticó además una carta enviada a la junta la semana pasada por el representante republicano Bob Bishop, que preside la comisión de recursos naturales de la Cámara de Representantes. Dijo que la misiva estaba llena de errores y parecía que el gobierno estadounidense estaba más interesado en ayudar a los acreedores a obtener parte del dinero que invirtieron en bonos municipales locales que en ayudar a los puertorriqueños a recuperarse.

Katie Schoettler, portavoz de Bishop, dijo que Rosselló aún no ocupaba el puesto ni se involucró en ninguna de las negociaciones cuando el Congreso aprobó en 2016 una ley que llevó a la creación de la junta, la cual también está encargada de supervisar la reestructuración de la deuda de Puerto Rico.

“Tal vez el gobernador tiene una interpretación distinta de la ley actual”, destacó.

Bishop dijo en su carta del 29 de marzo que se sentía frustrado con la “incapacidad y falta de voluntad” de la junta para llegar a un acuerdo consensual de restructuración con los acreedores, y lo que llamó “falta de respeto” a los requerimientos de los legisladores en torno al plan fiscal de Puerto Rico.

El lunes por la noche, Rosselló difundió una carta de 13 páginas enviada a Bishop en la que señala que su gobierno ha trabajado estrechamente con la junta, pero que en última instancia el gobierno de Puerto Rico es el único que cuenta con la autoridad para implementar las políticas públicas.

“Su carta es realmente inquietante por su indiferencia insensata hacia la colaboración y la cooperación en favor de un proceso antidemocrático similar a un régimen dictatorial”, escribió el gobernador.

“Lamentablemente, su carta incluye todo lo que está mal en este proceso y solo sirve para reforzar el tratamiento despectivo, de segunda clase y colonial que Puerto Rico ha sufrido a lo largo de su historia como territorio de los Estados Unidos, lo que socava nuestros esfuerzos para abordar el tema de la crisis fiscal, económica y humanitaria de la isla”, agregó.