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Venezuela libera a opositor y lo envía a España

October 12, 2018

CARACAS (AP) — Las autoridades venezolanas liberaron a un opositor que estaba detenido desde hace cuatro años y será trasladado a España, anunció el viernes la Comisión para la Verdad.

Lorent Saleh, de 30 años, quien estaba detenido desde 2014 en una de las sedes capitalinas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) --la policía política-- recibió “medidas cautelares sustitutivas” y será enviado el viernes a Europa en compañía de autoridades españolas, indicó en un comunicado la comisión creada por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.

En el escrito las autoridades reconocen que Saleh fue sometido a diversas evaluaciones psicológicas manifestando “conductas violentas, destructivas y suicidas que ponían en peligro su integridad personal”, por lo que se hicieron algunas recomendaciones para reducir el riesgo del detenido, pero no se ofrecieron detalles.

Sobre la decisión de enviar al Saleh a España, la Comisión para la Verdad indicó que esa medida se tomó por petición de Yamile Saleh Rojas, madre del opositor y detenido.

Desde las afueras del SEBIN, ubicada en centro de la capital, Saleh Rojas celebró entre llantos el anuncio de las autoridades y dijo a la prensa que había hablado brevemente vía telefónica con su hijo, quién le confirmó que estaba en libertad. Al preguntarle sobre el paradero de éste, la mujer indicó que no sabía, y agregó: “tenemos que cuidar la vida de él”.

La abogada Theresly Malave, una de las abogadas del opositor, manifestó sorpresa por la medida y dijo que la decisión del expatriar a Saleh le garantizará su libertad. “No lo podrán detener otra vez”, acotó.

Saleh fue detenido en Colombia junto a Gabriel Valles, y una semana después fueron expulsados y enviados a Venezuela para ser procesados por la supuesta participación en acciones para generar violencia.

Valles fue liberado a mediados de año junto a más de medio centenar de los llamados “presos políticos” como parte de un proceso de “reconciliación nacional” que activó el presidente Nicolás Maduro tras su reelección el 20 de mayo.

La oposición y organizaciones humanitarias identificaban a Saleh como un “preso político” y habían exigido desde hace varios años su liberación. La oposición estima que en las cárceles venezolanas permanece más de un centenar de “presos políticos”.

La liberación de Saleh se da a cinco días de la muerte del concejal opositor detenido, Fernando Albán, quien se suicidó al lanzarse desde el décimo piso de la sede capitalina del SEBIN, según indicaron las autoridades. Opositores rechazaron la versión del suicidio y responsabilizaron al gobierno de la muerte del concejal que estaba bajo custodia de la policía política.

Albán, de 56 años, fue detenido el 5 de octubre al arribar al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía por la policía política por su presunta vinculación con el atentado con drones que sufrió en agosto el presidente Nicolás Maduro durante un desfile militar en la capital.

La dirigencia opositora, organizaciones humanitarias, Estados Unidos y otros gobiernos extranjeros condenaron la muerte de Albán y exigieron a las autoridades venezolanas una investigación imparcial sobre el caso que reavivó las tensiones políticas en el país suramericano agobiado por una profunda crisis económica y social.

Por el ataque con drones han sido detenidas más de 17 personas, entre ellas dos generales y un coronel, todos de la Guardia Nacional, y el diputado opositor Juan Requesens, y se solicitó a Estados Unidos, Colombia y Perú la extradición de algunos de los supuestos implicados, entre quienes se incluye el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, que se encuentra en Bogotá y a quien las autoridades de ese país le otorgaron la víspera refugio.

El gobierno venezolano condenó el viernes la decisión de Colombia de otorgar el estatus de refugiado a Borges, quien es señalado como autor intelectual del atentado, y dijo en un comunicado que esa medida viola el convenio sobre refugiados y confirma el “patrón de protección” que dan las autoridades colombianas a personas que “atentan gravemente contra la democracia y contra la vida de presidentes”.

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