BUENOS AIRES (AP) — La Corte Suprema de Justicia de Argentina avaló el jueves la extradición a Chile de un activista de la comunidad mapuche por el incendio de una hacienda en 2013 en el marco del conflicto por la tierra que miembros de esa comunidad mantienen con las autoridades chilenas.

El máximo tribunal confirmó el fallo de un juez de primera instancia que en marzo declaró procedente la extradición de Francisco Facundo Jones Huala, de 31 años, para ser juzgado por los delitos de incendio en lugar habitado y tenencia ilegal de arma de fuego de fabricación artesanal, anunció el Centro de Información Judicial (CIJ).

En enero de 2013, Huala y otros dos hombres ingresaron encapuchados y con ropas oscuras de tipo militar a la casa de los cuidadores de una propiedad en la localidad de Mantilhue, en la comuna de Río Negro. Intimidaron al cuidador y a ocho de sus familiares, entre ellos cuatro menores, y los obligaron a salir de la vivienda a la que luego rociaron con combustible y prendieron fuego. La casa quedó destruida.

Los imputados se dieron a la fuga efectuando disparos al aire y llevándose los teléfonos móviles de los habitantes del lugar.

Los mapuches, la comunidad indígena más grande de Chile, luchan para recuperar sus tierras ancestrales, por el reconocimiento de su lengua y para terminar con la discriminación. Grupos radicalizados suelen quemar propiedades, iglesias y camiones.

Huala fue detenido en Chile pero tras concedérsele la libertad se fugó a Argentina.

Con un pedido de captura internacional desde febrero de 2015, Huala fue recién apresado en junio de 2017 por la policía argentina. Su detención provocó violentas protestas de miembros de la comunidad mapuche en el sur de Argentina. Durante el bloqueo de una carretera en agosto que fue desalojado por agentes de la gendarmería -policía de las fronteras-, desapareció el artesano Santiago Maldonado, cuyo cuerpo fue hallado en un río de la zona dos meses después.

La sospecha de que Maldonado, quien se había solidarizado con la causa mapuche, había sido detenido ilegalmente por los agentes federales generó masivas protestas en Argentina y pedidos de explicaciones al gobierno de Mauricio Macri por parte de organismos internacionales. No obstante, la autopsia del cuerpo del joven determinó que había muerto ahogado y que no existían evidencias de agresiones.

Huala manifestó durante su declaración en el juicio de extradición que era víctima de una persecución en Chile por motivos étnicos, culturales y políticos. Alegó también que la acusación en su contra había sido montada por la policía y la justicia de ese país.

La Corte Suprema desestimó que la extradición estuviera referida a delitos políticos o conexos al tiempo que rechazaron la alegación de la defensa de Huala de que en caso de ser este extraditado existiría riesgo de persecución por raza y nacionalidad o de que se aplicara una pena cruel, inhumana y degradante.

El presidente argentino Mauricio Macri tiene la facultad para negar la extradición, aunque difícilmente eso ocurriría dada la sintonía con su par chileno Sebastián Piñera. Además, el gobierno argentino ha reforzado la presencia de las fuerzas de seguridad en el sur por el conflicto mapuche.