SAN DIEGO (AP) — El secretario de Justicia Jeff Sessions ordenó el viernes una política de "tolerancia cero" contra los inmigrantes que entren ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera con México.

La orden indica que los fiscales federales de los estados fronterizos deben de poner mayor énfasis en presentar cargos de ingreso ilegal contra inmigrantes, algo que históricamente ha sido tratado como un delito menor cuando se aplica a inmigrantes que no habían sido detenidos por las autoridades fronterizas anteriormente o que han sido detenidos solo pocas veces. Los contrabandistas de inmigrantes que han sido detenidos varias veces generalmente son encausados por delitos más graves.

Su orden de una página de extensión no ofrece detalles sobre la manera como la política sería llevada a cabo, pero da indicios de que se trabaja en un cambio fuerte. Sessions dijo a los fiscales que le pidan más recursos si los necesitan.

La medida corona una semana de atención inusualmente intensa en la seguridad fronteriza que incluyó la orden del presidente Donald Trump de desplegar a miles de miembros de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera con México.

Sessions aseveró que "una crisis ha estallado" en la frontera, lo que requiere más procesos penales. Hace un año, el secretario de Justicia emitió una directriz similar que abordaba una gran cantidad de delitos fronterizos y usaba un lenguaje más moderado respecto a quienes cruzan la frontera ilegalmente por primera vez, indicando que los fiscales "deberían aspirar a cumplir la meta de disuadir a quienes ingresan de manera inadecuada por primera vez".

Su nueva orden presenta la terminología de tolerancia cero y aborda exclusivamente el estatuto aplicado a los inmigrantes que entran ilegalmente a Estados Unidos por primera vez, subrayando que un reciente incremento en los cruces no autorizados “requiere un enfoque actualizado”.

Una condena por ingreso ilegal conlleva una pena máxima de seis meses de prisión para quienes lo hacen por primera vez y de dos años para reincidentes. En la práctica, muchos de esos inmigrantes son deportados después de declararse culpables y pasar un par de días encarcelados.

Sessions señaló como modelo un proyecto de la Patrulla Fronteriza lanzando en 2005 en Texas que incluía la presentación de cargos penales para quienes cruzaban la frontera ilegalmente por primera vez. Con el tiempo se extendió a cortes federales de todo Texas, Arizona y Nuevo México, pero no llegó a California.

Sessions dijo a los fiscales fronterizos que estaba abierto a otras ideas.

"Recuerden, nuestra meta no es simplemente más casos", escribió. "Es poner fin a la ilegalidad en nuestro sistema de inmigración".

Los arrestos en la frontera, un indicador útil pero imperfecto sobre el número de cruces ilegales, llegaron a 50.308 en marzo, un incremento de 37% en comparación con febrero y de más del triple ante las cifras para el mismo periodo del año pasado. Eso sigue siendo menor que los incrementos periódicos durante el segundo mandato del ex presidente Barack Obama y mucho menos que los números de casos en las décadas de 1990 y 2000.

La semana pasada, Sessions estableció que los jueces de inmigración tienen que procesar una cantidad mínima de 700 casos al año, a partir del 1 de octubre, a fin de mitigar el atraso en las cortes.