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Corte salvadoreña ampara víctimas de desplazamiento forzado

July 13, 2018

SAN SALVADOR (AP) — La Corte Suprema de Justicia de El Salvador amparó el viernes a las víctimas de desplazamiento forzado y ordenó a las autoridades que recobren el control territorial de las zonas dominadas por las maras o pandillas.

“Declárese que en El Salvador existe un fenómeno de desplazamiento forzado de personas que tiene origen en el contexto de violencia e inseguridad que afecta gravemente a colectivos vulnerables de distintas zonas geográficas del país controladas por las pandillas”, se expresa en la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.

La resolución de la Sala se produce por una demanda de amparo presentada por víctimas que bajo amenazas fueron obligadas a abandonar sus hogares localizados en el municipio de Ciudad Delgado, en la periferia noreste de la capital.

Los demandantes que conforman un grupo familiar de 33 personas divididas en ocho núcleos que residían en Ciudad Delgado eran acosados por miembros de la Pandilla Barrio 18 debido a que dos integrantes de la familia son militares y se vieron obligados a huir al municipio de Berlín, en el departamento de Usulután. Sin embargo, en ese lugar se vieron obligados a desplazarse nuevamente por motivos de seguridad, en este caso por haber sido víctimas de acoso policial y del homicidio de la madre de uno de los demandantes.

Entre las órdenes que deben ser cumplidas en un plazo de seis meses por parte de la Asamblea Legislativa y el gobierno salvadoreño destaca reconocer a las víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado dicha calidad como sujetos de derechos y categorizarlos normativamente, para lo cual se deberá de revisar y emitir la legislación especial orientada a la protección de víctimas y testigos.

También se exige brindar medidas de protección a los que ya son desplazados, garantizarles el retorno a sus residencias y se ordena al presidente Salvador Sánchez Cerén la implementación de acciones orientadas a recobrar progresivamente y de forma permanente los territorios bajo control de las pandillas.

Las Naciones Unidas han afirmado que El Salvador sufre una tragedia oculta de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia generada por las pandillas. Sin embargo, el Estado salvadoreño se ha negado a reconocer oficialmente la problemática.

El informe mundial correspondiente a 2014, divulgado por el Consejo Noruego para los Refugiados, estimó que aproximadamente 289.000 salvadoreños se encontraban en condición de desplazamiento forzado dentro del país. Además, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), recibió en 2015 al menos 12.959 solicitudes de refugio por parte de salvadoreños.

En El Salvador las pandillas establecidas en barrios y comunidades populosas están integradas por más de 67.000 jóvenes y adultos. Sus principales cabecillas están en una cárcel de máxima seguridad y según las autoridades están involucrados en la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.

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