CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente Jimmy Morales anunció el viernes que, a un año de que esta finalice, no renovará el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de las Naciones Unidas ha impulsado diversas investigaciones anticorrupción en la nación centroamericana, incluida una contra el propio mandatario.

Rodeado por miembros del Ejército, su vicepresidente y autoridades de Gobernación y la cancillería, el mandatario dijo en conferencia de prensa que notificó por medio de una carta su decisión a la ONU para iniciar la transferencia de las capacidades de la CICIG a las instituciones guatemaltecas.

“Agoté todos los procesos diplomáticos y actué siempre de buena fe, pero no hemos visto esa buena fe por parte de las Naciones Unidas”, dijo Morales.

Minutos antes del sorpresivo anuncio, vehículos militares que fueron donados por Estados Unidos para el combate al narcotráfico y el contrabando fueron desplegados frente a la sede de la CICIG, algo que algunos consideraron un acto de intimidación.

Matias Ponce, vocero de CICIG, dijo en una declaración que el comisionado Iván Velásquez se encontraba bien y agradeció el apoyo de la población.

La decisión presidencial del viernes es el último capítulo de una larga historia de fricciones entre su gobierno y la CICIG.

Esta es la segunda vez que Morales intenta golpear a la CICIG. La primera fue en agosto de 2017, dos días después de que esta comisión y la entonces fiscal Thelma Aldana solicitaran el retiro de su inmunidad para investigarlo por ocultar información financiera de su partido. En aquel entonces Morales declaró persona non grata al comisionado Velásquez y ordenó expulsarlo del país. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad lo protegió con un amparo y la orden presidencial quedó sin efecto.

El presidente aseguró el viernes que se mantiene su compromiso de colaborar con la Fiscalía General, así como con otras instituciones del país. “Les recuerdo a todos que nuestro gobierno incrementó presupuesto al Ministerio Público y a todas las instituciones que conforman el sistema de justicia, asegurando su independencia económica”.

Por su parte, la fiscal general Consuelo Porras dijo en un comunicado que vigila “los recientes acontecimientos y las consecuencias que para el sistema de justicia y el combate a la impunidad y la corrupción conllevaría la no renovación del mandato de la Comisión”, por lo que exhortó al gobierno de Guatemala y a Naciones Unidas a hacer su mejor esfuerzo a fin de lograr un acuerdo.

“Garantizo que todo el personal del Ministerio Público, ante cualquier situación que dé lugar a la comisión de hechos delictivos, procederá en el marco de sus competencias, con el fin de preservar el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos”, agregó Porras.

La CICIG, creada en 2006 tras la firma de un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas, ha trabajado con la justicia local para investigar señalamientos que han involucrado a empresarios, funcionarios y exfuncionarios de gobierno.

El anuncio de Morales coincide con el vencimiento de la visa de los funcionarios internacionales de la CICIG --Velásquez incluido-- que les permite permanecer en el país. Éstas deberían renovarse para que pueda concluir el actual mandato de la comisión, pero el asunto no está claro aún.

El presidente actualmente enfrenta un tercer pedido de retiro de inmunidad para poder ser investigado por delitos electorales. La Fiscalía General y la CICIG hicieron esta última petición el pasado 10 de agosto. Según ambos organismos, aparentemente se cometió financiamiento electoral ilícito en 2015. En aquel entonces, Morales era secretario general y representante legal del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), y habría recibido más de un millón de dólares por parte de empresarios para la campaña electoral. Según las pesquisas, estos recursos no habrían sido registrados en la contabilidad de la agrupación política ni se reportaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Esta semana el Congreso guatemalteco integró una comisión investigadora de cinco diputados que analizará la solicitud de retiro de inmunidad del presidente. Los congresistas deberán analizar la documentación reunida por la Fiscalía y la CICIG y elaborar un informe que será analizado ante el pleno. Para que el mandatario pierda la inmunidad se quieren 105 votos de los 158 diputados.

La primera vez que se hizo una solicitud del estilo fue en agosto del año pasado y también relaciona al presidente en temas electorales. Según las investigaciones previas, el partido incumplió ante el TSE y ocultó más de un millón de dólares. Esta petición fue tramitada por la Corte Suprema pero los diputados no apoyaron el retiro de inmunidad. La segunda ocurrió en octubre del mismo año después de que medios revelaran que Morales recibió más de 60 mil dólares de sobresueldo por parte del ejército. En ese momento la Corte rechazó la petición y el presidente devolvió el dinero.

“Creo que hay un conflicto de interés y un intento del presidente Morales de proteger sus propios intereses frente a las investigaciones en curso”, dijo Adriana Beltrán, directora de seguridad ciudadana de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés).

Beltrán dijo que la CICIG y Velásquez han avanzado en el fortalecimiento del estado de derecho en Guatemala, “a pesar de los ataques constantes para intentar de minar su trabajo”.

La comisión dio a conocer un video de una cámara de seguridad en el que se ven una docena de vehículos militares estacionarse fuera de sus instalaciones, algunos con soldados en torretas artilladas. El vocero de la CICIG dijo que las unidades estuvieron ahí por unos minutos y luego regresaron pero sólo pasaron sin detenerse.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, calificó lo sucedido como una “presencia descomunal intimidatoria”.