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Venezuela: imputan a policías por incendio en comisaría

April 4, 2018

CARACAS (AP) — El subdirector de la policía del estado venezolano de Carabobo y otros cuatro funcionarios de esa fuerza fueron imputados por los delitos de homicidio, introducción de armas de fuego en cárceles y corrupción por el incendio de una comisaría en el que murieron 68 personas.

Un tribunal de ese estado central ratificó el arresto del subdirector del cuerpo policial, comisionado José Luis Rodríguez; el supervisor jefe Aníbal Padrón, el oficial jefe José Carrera y los oficiales Sergio Rodríguez y José Colina, quienes fueron detenidos el 31 de marzo, indicó el miércoles la Fiscalía General en un comunicado.

Los cinco policías fueron imputados por los delitos de homicidio, omisión de socorro, introducción de armas de fuego y municiones a centros penitenciarios y corrupción por el presunto cobro de dinero a los detenidos para permitir que pernoctaran mujeres en los calabozos.

En el incendio, considerado una de las mayores tragedias carcelarias del país, murieron 66 presos y dos mujeres que estaban de visita en las celdas.

El fiscal general Tarek William Saab anunció a inicios de semana que las investigaciones del caso apuntan a que los presos habrían originado el incendio al prenderle fuego a los colchones para evitar una requisa de la policía.

Saab admitió que esa situación no exime de responsabilidad a los policías por actuar con negligencia.

El incidente ocurrido el 28 de marzo en la comandancia general de la policía de Carabobo fue condenado la víspera por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitar el país para evaluar la situación de las cárceles venezolanas. Las prisiones del país sudamericano enfrentan serios problemas de hacinamiento y violencia generada por bandas que controlan internamente los penales y trafican armas y drogas.

Los congresistas opositores crearon una comisión para investigar el incidente e iniciaron un procedimiento para determinar la supuesta responsabilidad política, penal, civil y administrativa del presidente Nicolás Maduro, los ministros de Relaciones Interiores y Sistema Penitenciario y el gobernador oficialista de Carabobo.

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