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Juez afirma tener derecho a dar fallo sobre muro fronterizo

February 10, 2018

ARCHIVO - Esta imagen de archivo del 26 de octubre de 2017 muestra los prototipos de muros fronterizos en San Diego. (AP Foto/Elliott Spagat, archivo)

SAN DIEGO (AP) — Un juez que fue criticado por Donald Trump durante la campaña por la presidencia dijo el viernes que se sentía inclinado a concluir que él puede decidir una demanda legal que impugna el muro fronterizo propuesto por el mandatario, pero no dio indicios de su posible fallo.

El juez federal de distrito Gonzalo Curiel dijo durante dos horas y media de argumentos en San Diego que se inclina por decidir que él tiene jurisdicción en una demanda que acusa al gobierno de Trump de extralimitarse al dispensar leyes sobre revisiones ambientales y de otro tipo. Washington argumenta que Curiel no tiene jurisdicción.

Curiel pidió al gobierno y a los opositores al muro que presenten documentos adicionales a más tardar el martes, y agregó que probablemente le tomaría días decidir si denegaría la demanda del estado de California y defensores del medio ambiente o permitiría que procediera. Sin embargo, advirtió que “aquí hay mucho trabajo por hacer”.

Al iniciar su primera audiencia sobre el caso, Curiel reconoció tener “gran interés” en éste y le pidió a todos los presentes en su tribunal de paneles de madera que se comportaran con respeto. Luego ambas partes profundizaron en un diálogo detallado sobre una ley de 2005 que le dio al secretario de Seguridad Nacional autoridad amplia para pasar por alto las revisiones ambientales a la hora de construir barreras en la frontera.

Trump atacó repetidas veces a Curiel a medida que se acercaba el juicio en un caso de demandas de 2016 en las que se alegaba un presunto fraude en la difunta Universidad Trump, caso presidido por el juez. El entonces candidato argumentaba que el hecho de que el magistrado tuviera antepasados mexicanos lo hacía parcial debido a las posiciones del magnate en lo que respecta a la inmigración y la seguridad fronteriza.

Trump llegó a un acuerdo en el caso por 25 millones de dólares poco después de ganar las elecciones, sin reconocer que había realizado algo ilegal en el caso de su universidad.

Curiel, que se vio obligado a dejar su vivienda y requirió protección las 24 horas del día cuando enjuició a capos del narcotráfico en la década de 1990, no se inmutó por las críticas de Trump durante la campaña, dijo Gregory Vega, ex fiscal federal y amigo de Curiel desde hace tiempo.

“Él enfrentó una amenaza de muerte creíble. No creo que cuando se burlaron de él eso lo haya molestado realmente”, dijo Vega.

El Centro para la Diversidad Biológica fue el primero en entablar una demanda contra el muro. Otros tres grupos _el Sierra Club, Defenders of Wildlife (Defensores de la Fauna) y el Animal Legal Defense Fund (Fondo para la Defensa Legal de los Animales)_ presentaron una demanda posteriormente. Luego el demócrata Xavier Becerra, fiscal general de California, interpuso una demanda más, y Curiel consolidó los tres casos en uno solo.

La ley de 2005 concedió poderes para pasar por alto la Ley Nacional de Política Ambiental, la Ley de Aire Limpio, la Ley de Especies en Peligro de Extinción y otras leyes que requieren revisiones lentas y están sujetas a prolongadas impugnaciones legales.

El gobierno de Trump ha emitido tres exenciones desde agosto, dos para construir barreras en partes de California y una en parte de Nuevo México. El gobierno del presidente George W. Bush emitió las cinco exenciones previas, lo que dejó libre el camino para que las autoridades ampliaran las barreras a su extensión actual, de 1.046 kilómetros (654 millas) de la frontera de 3.286 kilómetros (2.054 millas) con México.

Las impugnaciones legales a las barreras fronterizas han fracasado a lo largo de los años en medio de preocupaciones por la seguridad nacional. El Servicio de Investigaciones del Congreso indicó en un informe el año pasado dirigido a los legisladores que no veía impedimentos legales a la construcción de dichas vallas si se les consideraba una medida adecuada para controlar mejor la frontera.

Michael Cayaban, fiscal general adjunto de California, consideró el viernes que la posición del gobierno es la de “pasar por alto cualquier ley, en cualquier parte a lo largo de la frontera sin limitaciones”, y dijo que se trata de “un caso de extralimitación extrema por parte del poder ejecutivo”.

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