BARCELONA (AP) — La Fiscalía General del Estado anunció el domingo que volverá a emitir una orden de arresto europea para el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, si éste sale de Bélgica y viaja a Dinamarca como tiene previsto.

Puigdemont pretende asistir el lunes a un debate en la Universidad de Copenhague intitulado “Cataluña y Europa en una encrucijada para la democracia”.

El viaje a Dinamarca será el primero de Puigdemont fuera de Bélgica, adonde huyó para evitar citatorios judiciales en España por su participación en un intento ilegal _e infructuoso_ de secesión que su gobierno encabezó en octubre.

Si Puigdemont viaja a Dinamarca, la fiscalía dijo que solicitará de inmediato al Tribunal Supremo de España que emita una orden europea para que la policía danesa lo arreste.

España había emitido en noviembre una orden de arresto contra Puigdemont, pero la canceló después de un mes al preocuparle que Bruselas entregara al político catalán a condición de restringir los delitos que podrían imputársele.

Madrid investiga a Puigdemont por posibles cargos de rebelión, sedición y malversación de fondos en relación al acto del Parlamento catalán de declarar el 27 de octubre la independencia de la región en forma unilateral.

Puigdemont propuso participar en el debate que se efectuará en la capital danesa mientras intenta conseguir su reinstalación como el presidente regional de Cataluña.

El presidente del gobierno español Mariano Rajoy destituyó a Puigdemont y su gabinete, y disolvió el Parlamento de Cataluña como parte de las acciones contra el movimiento separatista. Sin embargo, los partidos políticos que apoyan la secesión ganaron la mayoría de bancas en los comicios de diciembre para elegir al nuevo Parlamento, que está obligado a integrar un gobierno para fines de mes.

Se desconoce cómo Puigdemont podría juramentar de nueva cuenta como presidente regional sin regresar a España y por lo tanto exponerse a que lo detengan.

Madrid anunció que impedirá la reinstalación de Puigdemont mediante impugnaciones judiciales de ser necesario y para mantener el control directo de Cataluña en lo que el nuevo gobierno local asume las riendas de la región.