SAN SALVADOR (AP) — La Corte Suprema de Justicia de El Salvador anuló las órdenes de captura con fines de extradición contra varios militares acusados de participar en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras en 1989, crímenes por los que España los busca.

La Sala de lo Constitucional del organismo informó el martes que resolvió en favor de los militares requeridos por la Audiencia Nacional de España porque la Corte ya había declarado improcedente su extradición. Aunque la decisión es irrevocable en El Salvador, la orden de captura de las autoridades españolas sigue vigente en otros países.

España pidió la detención con fines de extradición de 17 militares retirados por su posible involucramiento en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, cinco de los cuales eran españoles, y sus dos empleadas. En los años 80, algunos de los acusados integraban la cúpula castrense que, de acuerdo con un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, ordenó la ejecución de los religiosos en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

De los militares requeridos, 16 se encontraban en el país, mientras que el coronel Inocente Orlando Montano permanece detenido en Estados Unidos en espera de su extradición a España.

De los 17 elementos castrenses solicitados por España, sólo algunos fueron procesados en El Salvador por el asesinato de los jesuitas.

El coronel Guillermo Alfredo Benavides, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del batallón élite Atlacatl entrenado en Estados Unidos enfrentaron un juicio, pero en 1991 un jurado absolvió a la mayoría de los acusados.

Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron condenados, pero luego quedaron en libertad gracias a una amnistía decretada por el gobierno del presidente Alfredo Cristiani (1989-1994).

Sin embargo, en julio de 2016, la Corte Suprema derogó la amnistía, que impedía investigar y juzgar a los culpables de crímenes cometidos durante los 12 años de guerra civil, lo cual abre las puertas para que los militares que nunca fueron enjuiciados enfrenten un proceso si es que se presentan cargos en su contra, algo que no ha ocurrido hasta ahora.

Los jesuitas españoles Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados en noviembre de 1989 con disparos en la cabeza en el jardín de su casa en la que vivían dentro del campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Sus dos colaboradoras Elba y su hija Celina Ramos, también fueron asesinadas por los militares.