SAN JUAN (AP) — Una junta federal que supervisa las finanzas de Puerto Rico anunció el viernes que recortará la jornada laboral de empleados públicos por primera vez en la historia del territorio estadounidense.

A partir del 1 de septiembre los empleados públicos trabajarán dos días menos al mes, excepto los policías, dijo la directora ejecutiva de la junta, Natalie Jarsko. Añadió que la medida se prolongará durante todo el año fiscal 2018.

La reducción de la jornada laboral es necesaria porque el gobierno del gobernador Ricardo Rosselló no ha logrado una reducción al gasto público en 218 millones de dólares, parte de un paquete de ahorros por 880 millones exigida por la junta, dijo Jaresko.

"Nuestra situación actual sigue siendo muy preocupante", acotó.

Los funcionarios puertorriqueños rechazaron la decisión de la junta.

"No habrá reducción de jornada laboral. Pueden darlo por seguro", dijo Christian Sobrino, el representante del gobernador en la junta y que se encontraba junto a los miembros de ésta durante la reunión pública.

Rosselló hizo eco de ese mensaje horas después durante breves declaraciones públicas por la tarde. Dijo que le informará al presidente estadounidense Donald Trump y a Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes, que su gobierno no acatará la decisión de la junta.

“Dicho recorte tendría un efecto devastador en nuestra economía que no solo afectaría la calidad de vida de sobre 130.000 hogares, sino que afectaría... prácticamente toda la actividad comercial en Puerto Rico”, afirmó.

Rosselló dijo el jueves que recurriría a las cortes para repeler la medida, la cual provocaría un impacto negativo equivalente a 600 millones de dólares en los próximos dos años.

El presidente de la junta, José Carrión, advirtió que el recurso a la justicia podría redundar en mayores reducciones a las jornadas laborales si se demora su aplicación.

"No lo consideramos una recomendación como alega el gobierno", dijo Carrión.

Jaresko dijo que la reducción de la jornada laboral no es permanente y que el gobierno puede ponerle fin antes de lo previsto si cumple una serie de condiciones, como generar ahorros por 218 millones de dólares.

Puerto Rico atraviesa una recesión económica desde hace 10 años y trata de reestructurar parte de su deuda pública de 73.000 millones de dólares en un proceso similar a la bancarrota.