WASHINGTON (AP) — Donald Trump prometió limpiar “la ciénaga” de Washington, pero su gobierno se ha llenado de ex cabilderos y abogados de empresas que ahora regulan las industrias para las que trabajaban.

Esto sucede a pesar de que apenas asumió, Trump firmó un decreto que prohíbe a la intervención de ex cabilderos, abogados y otras personas en asuntos relacionados con los sectores que promovieron en los dos últimos años.

La Associated Press comprobó que el principal asesor legal de Trump, Don McGahn, ha eximido al menos a 24 funcionarios de la Casa Blanca y de otras ramas ejecutivas de cumplir esos requisitos éticos.

Una de las exenciones permite al director del FBI Chris Wray “participar en asuntos relacionados con un ex cliente confidencial”. La exención de tres párrafos no revela cuál podría ser el conflicto de interés y de qué forma se violaría el decreto de Trump.

Al ser interrogada sobre las exenciones, la portavoz de la Casa Blanca Lindsay Walters dijo que “en nombre de una transparencia total y de un buen gobierno, las exenciones describen las razones para conceder una exención”.

El decreto del presidente Trump sobre ética reemplazó una serie de reglas más severas fijadas por su predecesor Barack Obama en el 2008. Durante los ocho años de gobierno de Obama se hicieron casi 70 exenciones, pero estaban generalmente más centradas en temas específicos e iban acompañadas de una explicación legal más completa.

Craig Holman, que promueve normas éticas más rígidas desde la organización Public Citizen, dijo que se sintió alentado cuando Trump firmó el decreto.

“Me sorprendió mucho y al mismo tiempo me dio esperanzas de que iba a tomarse en serio su promesa de ‘limpiar la ciénaga'", declaró Holman el miércoles. “Ahora resulta evidente que esa promesa fue tan solo retórica de campaña. No solo se ignoran y no se cumplen aspectos clave, sino que cuando salen a la luz obvios conflictos de interés, el gobierno no duda en hacer exenciones a sus reglas sobre ética”.

Un análisis de la AP indica que casi la mitad de los cargos políticos de la Agencia para la Protección Ambiental (conocida por sus siglas en inglés, EPA) llenados bajo el gobierno de Trump tienen fuerte lazos con la industria. De las 59 contrataciones que revisó la AP el año pasado, un tercio fueron cabilderos registrados o abogados de firmas químicas, productores de combustibles fósiles o trabajaron para otras empresas, lo que plantea el tipo de conflicto de interés que Trump prometió combatir.

La mayoría de estos funcionarios firmaron documentos comprometiéndose a no participar en acciones que involucren a sus antiguos clientes mientras trabajen para la EPA. A al menos tres se les han concedido exenciones que les permiten hacer eso precisamente.

Uno de ellos es Erik Baptist, uno de los principales abogados de la EPA, que trabajó hasta el 2016 como cabildero del American Petroleum Institute, el cual defiende los intereses de las industrias del gas y el petróleo. Documentos indican que promovió en el Congreso una legislación que dejaba sin efecto un programa creado hacía más de una década y que fijaba cuotas de producción mínimas para biocombustibles a ser mezclados con gasolina, aceite para calefacción y combustibles para aviones.

Baptiste firmó un documento comprometiéndose a no intervenir en asuntos relacionados con sus ex patrones, incluidas varias demandas contra la agencia para la que ahora trabaja. Pero en agosto del año pasado McGahn lo autorizó para que asesorase al administrador de la EPA Scott Pruitt sobre temas relacionados con una ley de combustibles renovables.

Dijo que lo hacía porque los “amplios conocimientos” de Baptiste sobre ese campo “lo hacen la persona ideal” para asesorar a los líderes de la EPA.

Pruitt, un republicano allegado a la industria del gas y el petróleo, propuso modestos recortes a las cuotas de producción de biocombustibles, incluido el etanol, a pesar de las promesas de Trump de que no cambiaría nada en ese sector.

Esto generó malestar entre legisladores de ambos partidos de estados donde se cultiva el maíz.

Jeffrey M. Sands, por su parte, trabajó como cabildero para Syngenta, una importante productora de pesticidas. Pero a pedido de la EPA, McCahn autorizó a Sands a asesorar a Pruit sobre agricultura.

A Dennis “Lee” Forsgren, alto funcionario del departamento de la EPA que hace cumplir las regulaciones sobre el agua limpia, se le permitió trabajar en asuntos vinculados con los miccosukee, una tribu de la Florida para la que trabajó como cabildero hasta el 2016.

“Todos los empleados son asesorados sobre cuestiones éticas al ser contratados y trabajan continuamente con nuestra oficina de asuntos éticos en relación con cualquier posible conflicto que se pueda presentar”, aseguró el portavoz de la EPA Jahan Wilcox al ser interrogado sobre las exenciones al decreto de Trump.

El Departamento del Tesoro le pidió a McGahan tres exenciones, una de ellas para Anthony Sayegh, subsecretario de asuntos públicos que supo trabajar para Fox News. La exención lo autoriza a “participar en cuestiones que involucran a su ex cliente”.

El Departamento de Estado solicitó tres exenciones, incluida una para el embajador en Suiza Edward T. McMullen, quien trabajó para una firma que representaba a Boeing. El gobierno suizo anunció hace poco que se propone comprar equipo militar y está negociando con empresas estadounidenses.

Una exención que fue muy criticada fue la que permite a la directora de comunicaciones Heather Norby trabajar con empleados de Fox News a pesar de que ella es una ex empleada de esa cadena noticiosa.

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