LA PAZ (AP) — El Estado boliviano indemnizó con 50.000 dólares y desagravió públicamente a una exiliada peruana que había sido esterilizada sin su consentimiento y cumplió así un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“El Estado reconoce su responsabilidad internacional con el fin de reparar el daño causado a la víctima”, dijo el Procurador General del Estado, Pablo Menacho, en un acto al que concurrió la víctima, identificada únicamente con las iniciales I.V.

El procurador entregó un cheque por 50.000 dólares que había sido el monto fijado por la sentencia, agregó la Procuraduría el martes en un comunicado de prensa.

Según el fallo de la CorteIDH de noviembre del año pasado la mujer, que vive en Bolivia desde 1994 como refugiada política, fue sometida a una ligadura de las trompas de Falopio “por una ruptura espontánea de membranas” en un hospital público en el año 2000. Según el fallo la esterilizaron sin su consentimiento cuando se encontraba bajo anestesia tras dar a luz a su segunda hija por cesárea.

La mujer se instaló en Bolivia y solicitó asilo alegando que era una perseguida política del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).

Tras el parto demandó al Estado por violación de sus derechos humanos y ganó el litigio luego de 16 años. Durante el proceso el Estado había negado su responsabilidad y alegó que no se habían agotado los tribunales nacionales para resolver el caso.

Este no es el primer fallo de la CorteIDH contra Bolivia pero es la primera vez que el Estado hace un desagravio público de una víctima que ganó un litigio en una instancia internacional.

Menacho dijo que se “trata de una sentencia fundadora y pionera emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de consentimiento libre e informado en materia de salud”.

Como parte de la sentencia el Procurador anunció que, además, el Estado otorgará a la víctima atención médica y un seguro especializado.