RALEIGH, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Extraditar a un importante ex funcionario salvadoreño a España para someterlo a juicio por crímenes de guerra cometidos hace 30 años fomentará las buenas relaciones con un importante aliado en la lucha contra el terrorismo, dijo el miércoles el procurador general de Estados Unidos Noel Francisco.

El funcionario exhortó a la Corte Suprema a remover el último obstáculo para enviar a Inocente Orlando Montano Morales a España bajo los cargos de que ayudó en el complot para asesinar a seis sacerdotes jesuitas en 1989, de los cuales cinco de ellos eran españoles. El ex coronel de las fuerzas armadas de El Salvador fungió como viceministro de Justicia y de Seguridad Pública en la década de 1980, durante la guerra civil del país centroamericano.

Francisco apuntó que los tribunales inferiores han considerado y rechazado los argumentos de Montano contra la extradición, incluidas cuestiones sobre las evidencias y objeciones sobre la forma en la que los cargos de “asesinato terrorista” en España fueron sopesados por los tribunales estadounidenses.

“España es un aliado importante para Estados Unidos en cuanto al terrorismo y otras cuestiones de importancia nacional, y el cumplimiento efectivo y oportuno de las solicitudes para su extradición ayuda a que la política exterior y los intereses de orden público de Estados Unidos avancen”, escribió Francisco. Apuntó que la pugna sobre la extradición se ha alargado por dos años y medio.

El Departamento de Estado, quien tiene la última palabra sobre las extradiciones, ya firmó una orden judicial que autoriza a las autoridades enviar a Montano a España si la Corte Suprema rechaza intervenir, esto de acuerdo con lo dicho por el abogado de Montano ante la corte el mes pasado. No está claro cuándo tomará la corte una decisión sobre la solicitud de Montano de un interdicto de emergencia.

En los documentos entregados a la corte se indica que Montano era parte de un grupo de oficiales del Ejército acusados de conspirar para matar a los sacerdotes, los cuales actuaban como intermediarios en las negociaciones de paz. Los asesinatos provocaron indignación a nivel internacional.

Montano negó haber estado involucrado en los asesinatos, pero un magistrado federal en Carolina del Norte falló en 2016 que la evidencia presentada por los fiscales estadounidenses mostró que participó en la trama. Posteriormente otro juez federal apoyó la extradición, y un tribunal federal de apelaciones rechazó bloquear el fallo.

El abogado de Montano, James Tood, argumentó en su apelación ante la Corte Suprema que los tribunales inferiores no examinaron de forma cercana las fallas que tenía la evidencia presentada por las autoridades españolas. Otro cuestionamiento planteado por Todd fue si los cinco sacerdotes mantuvieron su ciudadanía española.

Todd también hizo alusión al precario estado de salud de Montano, de 76 años y sobreviviente de cáncer.

“Enfrenta una posible extradición a un país que es completamente extraño para él. Nunca ha puesto un pie en España, cuya extralimitación jurisdiccional podría resultar en su muerte”, escribió Todd en una carta enviada al Departamento de Estado.

Montano llegó a Estados Unidos a principios del año 2000 y trabajó en una fábrica de dulces cerca de la ciudad de Boston. Fue arrestado en 2011 y sentenciado a casi dos años por fraude migratorio y perjurio. Cumplió su sentencia en una prisión federal en Carolina del Norte, donde posteriormente se abrió el proceso para su extradición.

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El periodista de The Associated Press Mark Sherman en Washington contribuyó para este despacho.

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