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El Salvador: habría más beneficiados por confesar corrupción

August 9, 2018

El expresidente salvadoreño Tony Saca, derecha, habla con un abogado durante una audiencia con un juez en el complejo judicial Isidro Menendez en San Salvador, El Salvador, el miércoles 8 de agosto de 2018. (AP Foto/Salvador Melendez)

SAN SALVADOR (AP) — Dos de los tres empleados de la Casa Presidencial de El Salvador que ayudaron al expresidente Tony Saca a desviar 301 millones de dólares de las arcas del Estado, aceptaron el miércoles confesar los delitos que se les imputan y al igual que el exmandatario recibirían una condena menor.

“Ya hay un acuerdo, aunque no estamos satisfechos con el arreglo que hemos obtenido”, declaró a los periodistas el abogado Roberto Claros.

La Fiscalía General comunicó al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador que Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la unidad financiera de Casa Presidencial, y Jorge Alberto Herrera, tesorero de la misma, han confesado extrajudicialmente haber cometido los delitos a cambio de una pena mínima y serán sometidos a un juicio abreviado.

Rodríguez Arteaga recibiría una pena de tres años por el delito de peculado y por lavado de dinero y activos otros tres años, mientras que Herrara sería condenado a tres años de prisión por peculado.

El martes, en el primer día del juicio, última etapa del proceso penal, el expresidente Saca aceptó confesar su responsabilidad en los actos de corrupción que se le imputan para obtener una condena menor, informaron ese día sus abogados.

Tres de sus exfuncionarios más cercanos que son procesados con él: Elmer Charlaix, secretario privado; César Funes, secretario de Juventud; y Julio Rank, exsecretario de Comunicaciones. Ellos también aceptaron su culpabilidad.

El exmandatario y su exsecretario privado están siendo procesados por los delitos de peculado y casos especiales de lavado de dinero, por lo que podrían haber recibido una condenado de hasta 30 años de prisión. Sin embargo, con el acuerdo logrado la Fiscalía ha pedido que a ambos se les impongan la pena de diez años, cinco por peculado y cinco por lavado de dinero, mientras que a Rank y Funes únicamente cinco años de cárcel por lavado de dinero.

Pablo Gómez, contador del secretario privado de la Presidencia, acusado también de lavado de dinero y peculado, no aceptó declararse culpable y decidió someterse al juicio ordinario.

Según el acuerdo, además de cumplir la pena de cárcel, la ley obliga a los condenados por corrupción a compensar al Estado con los bienes que adquirieron con los fondos públicos. La Fiscalía dijo que Saca devolverá inmuebles y propiedades por un valor estimado en 25 millones de dólares.

El abogado de los trabajadores de Casa Presidencial dijo que éstos no regresaran nada porque “nunca han obtenido un beneficio económico sobre el trabajo que realizaron”. Explicó que si bien ellos abrieron las cuentas bancarias donde se movió el dinero “únicamente fueron las órdenes del presidente y del secretario (privado)”, quienes al parecer también les dijeron como se iba a canalizar el dinero.

Saca, de 53 años, que gobernó el país de 2004 a 2009, fue detenido el 30 de octubre de 2016. Las autoridades sostienen que desvió 301 millones de dólares y que de ese monto unos 195 fueron cobrados en efectivo y remitidos a cuentas particulares de empleados de Casa Presidencial y luego transferidos a cuentas y empresas, algunas de Saca.

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