SAN JOSÉ (AP) — A lo largo de la semana se observaron cosas distintas: miles marchaban por las calles, algunas barricadas ardían y hubo choques entre manifestantes y policía antimotines en vialidades sin luz.

Desde hace cinco días, Costa Rica se ha visto remecida por una serie de protestas poco comunes en este país centroamericano si se le compara con las naciones vecinas. El viernes un inconforme sector público volvió a mostrar su descontento y sin intenciones aparentes de volver a la calma pronto.

En las marchas que han provocado bloqueos de carreteras y han llegado hasta la Casa Presidencial de San José, trabajadores del gobierno presionan al presidente Carlos Alvarado para que retire un proyecto de reforma fiscal que se tramita en la Asamblea Legislativa. Costa Rica arrastra un déficit fiscal que para este año se estima en 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual ha elevado los niveles de la deuda pública y coloca al Estado costarricense en una situación vulnerable.

La intención del gobierno con la reforma es implementar un Impuesto al Valor Agregado que reemplace el actual Impuesto de Ventas del 13% y lo amplié a bienes y servicios que hoy están exentos. Otros de los puntos polémicos han sido la propuesta de gravar bienes de la canasta básica con un 1% y la pretensión de reformar el régimen de empleo público al limitar a ocho años el pago de auxilio de cesantía --la remuneración que el patrón entrega al empleado cuando finaliza la relación laboral-- y el pago de algunos bonos salariales.

Entre los grupos en desacuerdo hay representantes de sectores como Educación, Salud, Energía y Telecomunicaciones.

Durante la semana, la Caja Costarricense del Seguro Social reportó diariamente la ausencia de entre un 13% y 26% de su personal en clínicas y hospitales. Pese a que los servicios de consulta externa y emergencias han trabajado casi con normalidad, se han tenido que suspender decenas de intervenciones.

"La antorcha de la libertad está en la calle, aquí está el pueblo exigiendo no más impuestos a la clase trabajadora, no más cargas a los trabajadores, exigiendo al gobierno un proyecto de ley que sea justo, solidario y progresivo para Costa Rica", dijo Mélida Cedeño, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).

Previo al inicio de las manifestaciones el lunes, el presidente Alvarado ordenó que la policía tomara las principales instalaciones de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y los puertos para garantizar su operación y evitar que los costarricenses paralizaran el trasiego de mercancías, así como la distribución de combustibles.

En un mensaje televisivo del mismo día, el mandatario defendió su postura. “Hoy más que nunca, estoy convencido que la aprobación de este proyecto de ley por parte de la Asamblea Legislativa es la única forma de evitar una inminente crisis… Hoy su aprobación no sólo es necesaria, sino que también es urgente”.

El calor de la huelga se intensificó el miércoles, con una multitudinaria manifestación de los empleados públicos en el centro de la capital. En las afueras de la Asamblea Legislativa se reportaron incidentes de violencia entre manifestantes y policía. El jueves la protesta en los alrededores de la Casa Presidencial también reunió a trabajadores y se unieron funcionarios y estudiantes de universidades públicas, quienes protestaron contra la violencia policial que sufrieron algunos alumnos la noche anterior al realizar un bloqueo de carretera.

La situación cobró aún más fuerza y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el viernes que investiga la muerte de un joven de 17 años en la provincia de Limón como consecuencia de los disturbios.

Ante la escalada de violencia, los rectores de las universidades públicas y la Iglesia Católica se ofrecieron ser mediadores para que se inicie un diálogo.

El analista político Gustavo Araya explicó a The Associated Press que esta huelga ha representado un resurgimiento para el movimiento sindical costarricense, que durante la pasada administración de Luis Guillermo Solís (2014-2018) mantuvo una mejor relación con el gobierno.

Para Araya, los sindicatos no ven con los mismos ojos al gobierno de Alvarado por tratarse de una alianza electoral con el Partido Unidad Social Cristiana en la figura de su ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, que los gremios consideran una figura ideológicamente de derecha.

Araya comentó que el foco de las protestas ha sido el gobierno del presidente, lo que ha permitido que la Asamblea Legislativa siga avanzando en el trámite de la reforma fiscal casi libre de presiones.

“Para octubre vienen las calificadoras de riesgo y si se instaura el diálogo que los sindicatos piden, no se llegaría a tiempo con la reforma, porque eso tomaría más de tres meses. El proyecto ha resistido una semana de huelga, sigue el trámite rápido de mociones y no se han dado señas de que se quiera negociar el proyecto. Bajo este panorama yo esperaría una semana más de huelga”, dijo Araya.