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Guatemala: frenan intención de amnistiar crímenes de guerra

July 19, 2019

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El Congreso de Guatemala no podrá modificar una norma que le hubiera permitido beneficiar a acusados de graves delitos cometidos durante la guerra civil (1960-1996).

La llamada Ley de Reconciliación fue promulgada en 1996 y hasta la fecha ha sido una de las bases para iniciar procesos judiciales y castigar a militares y exguerrilleros que cometieron crímenes durante el conflicto. Sin embargo, el Congreso pretendía realizar cambios en ella para extinguir la responsabilidad penal por los delitos que hubieran realizado los autores, cómplices o encubridores de los hechos.

Reaccionando ante ello, la Corte de Constitucionalidad (CC) anunció el viernes que otorgó un amparo provisional a varias víctimas y organizaciones de derechos humanos contra las intenciones del legislativo. Con tres votos a favor y tres en contra, los cinco magistrados de la CC lograron frenar los cambios. La suspensión estará vigente mientras dure el trámite y se emita una resolución final.

Esta no es la primera vez que el Congreso intenta modificar la ley. En ocasiones anteriores no lo ha logrado por falta de quorum para su aprobación, pero es un tema que permanece en agenda.

Actualmente el Congreso está en un receso de labores y retomará su trabajo en agosto.

Durante 36 años Guatemala, vivió una guerra entre el ejército y la guerrilla izquierdista que dejó unas 200.000 mil personas asesinadas y otras 45.000 desaparecidas, según el informe de memoria histórica elaborado por Naciones Unidas. Del total de los crímenes, el informe estimó que 97% fueron cometidos por el ejército y agentes del Estado, mientras el 3% restante, por la guerrilla.

El viernes la Corte también anunció dos amparos de importancia para el país. El primero suspende la licencia de explotación a la Mina Fénix, propiedad de la Compañía General de Minería, ubicada en Alta Verapaz, al norte del país, a solicitud de varias comunidades aledañas que exigen consultas comunitarias para establecer si aceptan o no este tipo de megaproyectos en sus territorios.

La Corte también amparó provisionalmente a la organización Acción Ciudadana, capítulo de Guatemala de Transparencia Internacional, donde prohíbe al presidente Jimmy Morales la compra de dos aviones Pampa III al gobierno argentino, por 28 millones de dólares.

La compra ha generado grandes críticas en el país, debido a la falta de transparencia, así como a la utilización de dicho dinero, que según los críticos debería priorizarse otros gastos como el combate a la desnutrición y pobreza en la que viven miles de personas en el país centroamericano.

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