CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — La crisis gubernamental que vive Guatemala parece estar lejos de llegar a su fin.

En el país centroamericano cada día crece más el rechazo popular hacia los políticos y el gobierno luego de que los legisladores trataran de reformar el Código Penal en su beneficio y se conociera de un sobresueldo de 61.000 dólares que durante nueve meses recibió el presidente Jimmy Morales de manos del ejército.

Ante el enojo de los ciudadanos, tanto los diputados como Morales dieron marcha atrás a sus acciones, pero la situación no se apaciguó y ahora la población pide la renuncia del mandatario y miembros del Congreso.

La Universidad de San Carlos de Guatemala lidera junto a la histórica Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) una manifestación y un paro nacional programados para el próximo miércoles 20 de septiembre. A la convocatoria se han unido otros colegios, negocios, organizaciones sociales, indígenas y campesinas en la capital y varios departamentos. Los manifestantes tiene tres exigencias: la renuncia de 107 diputados al Congreso y del presidente y la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Al presión local se han sumado las críticas externas: Transparencia Internacional, a través de su organización en Guatemala, Acción Ciudadana, dijo el lunes que rechazaba los cambios hechos por diputados “cuyo evidente propósito era garantizar la impunidad”, por lo que aseguró que llamaría a la suspensión del Congreso guatemalteco de los foros parlamentarios regionales y globales. Hasta el momento no se han dado más detalles.

La tensión comenzó hace unas semanas cuando la Fiscalía General y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron retirar la inmunidad a Morales para investigarlo por financiamiento electoral ilícito. Tras la petición, el mandatario ordenó la expulsión del país del titular de CICIG, el abogado colombiano Iván Velásquez, lo que lo volvió blanco de críticas dentro y fuera del país. Finalmente, la Corte Constitucional detuvo la salida del país del comisionado.

Morales mantuvo la inmunidad gracias a que en el Congreso no se alcanzaron los votos necesarios para lo contrario y dos días después, con el voto de 107, de 158 legisladores, se reformó el Código Penal para aminorar la responsabilidad de políticos que cometieran financiamiento electoral ilícito. Aunque el viernes los mismos legisladores revirtieron el proceso, el descontento social no ha disminuido.

Para el analista Edgar Gutiérrez, “el rechazo popular va creciendo y no se ve ninguna actitud de respuesta, de resolver, ni del Congreso ni del gobierno, y se debe a la actitud del presidente y de un grupo radical que lo está asesorando”. Según el experto, la protesta que en redes circula como #ParoNacional y #20S, se alargará por lo menos varias semanas.