BARCELONA (AP) — Los últimos clientes terminaban de consumir sus tragos una cálida noche de octubre cuando tres activistas canosos se aparecieron con escobas y un balde y empezaron a pegar carteles en un muro: “Hola nou país”, hola nuevo país.

Ese nacimiento es lo que festejaban los clientes del bar en Cataluña, la próspera región del noreste de España cuyos legisladores votaron a favor de la independencia el viernes pasado. El gobierno español respondió con medidas constitucionales sin precedentes que le permitieron disolver el gobierno regional y asumir el control directo de muchos asuntos catalanes para impedir la secesión.

Algunos catalanes separatistas se niegan a reconocer la autoridad de Madrid y prometen llevar a cabo una campaña de desobediencia civil tras la invocación del artículo 155 de la constitución española. Pocos días antes de la votación, el ministro de asuntos exteriores Raúl Romeva había dicho que creía que los empleados públicos de la región --unos 200.000-- seguirían acatando las órdenes de “las instituciones elegidas y legítimas” y no las de Madrid.

La secesión no es un trámite sencillo. Un referendo muy cuestionado del 1ro de octubre fue declarado ilegal por la corte constitucional española y boicoteado por numerosos catalanes que quieren seguir siendo parte de España. Hubo episodios de violencia cuando la policía nacional enfrentó a personas que querían votar.

El deseo de independencia no es un sentimiento generalizado en Cataluña, donde cientos de miles de personas salieron a las calles el domingo para expresar su deseo de seguir siendo parte de España.

Resta por verse cómo hace Madrid para imponer su autoridad y cuál es la reacción de los independentistas.

Desde el retorno de la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, Cataluña maneja sus instituciones, incluidas las escuelas, la policía, el departamento de bomberos, varios medios de difusión estatales y los servicios médicos.

Unos de los primeros que dejaron en claro que la transición no será fácil fueron los bomberos. Incluso antes de que Madrid invocase el artículo 155, emitieron un comunicado afirmando que las amenazas del gobierno central constituían “el ataque más grave que sufre Cataluña desde 1939”, cuando comenzó la dictadura de Franco.

“No reconocemos otra autoridad que la de nuestro presidente, nuestro gobierno y nuestro parlamento”, dijeron en un comunicado. “Solo obedeceremos la legalidad catalana, que tiene toda nuestra legitimidad”.

Qué significa esto no está claro. Es poco probable que los bomberos se nieguen a apagar un incendio por diferencias en torno a quién maneja el departamento.

Marc Ferrer, bombero de 43 años y portavoz de la Brigada de Bomberos por la Independencia, dijo que la resistencia será más bien simbólica y habrá un juego “del gato y el ratón” con el gobierno central de Madrid.

“Ni ellos saben cómo van a aplicar el artículo 155”, manifestó.

Se negó a hablar de las formas de desobediencia que se contemplan, aduciendo razones de seguridad.

“No vamos a hacer nada --nunca lo hemos hecho-- que ponga en riesgo a las personas”, se limitó a decir, agregando que un gesto de desobediencia podría ser no usar símbolos españoles en los camiones.

“El único camino que entiende (el gobierno central) es el de la represión; nosotros, el de la resistencia pasiva y desobediencia”, sostuvo Ferrer. “Ahora habrá que obedecer al ministro de turno. No lo vamos a hacer, porque estamos convencidos de que nuestra causa es justa y noble”.

El gran interrogante es si los empleados públicos estarán dispuestos a insubordinarse, exponiéndose a ser despedidos. Uno de los principales sindicatos de empleados públicos, el CSIF, tildó de “irresponsable” el llamado de Romeva a la desobediencia civil.

El sindicato “considera que la vasta mayoría de los empleados públicos de Cataluña respetarán las leyes”, expresó en un comunicado.

Un aspecto clave es si Madrid asumirá el control de los medios de difusión públicos de Cataluña, como amenazó con hacer.

“Es difícil decir lo que sucederá, porque estamos regulados por las leyes parlamentarias”, comentó Mónica Terribas, prominente periodista radial catalana, quien aseguró que los medios locales se habían mostrado neutrales en su información.

“Los medios públicos son muy profesionales en Cataluña”, insistió. “Si quieren intervenir en los programas editoriales, los profesionales no lo permitirán”.

Los tres principales medios públicos de Cataluña --TV3, Radio Catalunya y la agencia noticiosa ACN-- describieron la amenaza de Madrid como “un ataque directo a los ciudadanos de Cataluña y la privación del derecho a una información veraz, objetiva, pluralista y equilibrada, un derecho fundamental en cualquier democracia”.

El presidente del gobierno español Mariano Rajoy ha dicho que no quiere acabar con la autonomía catalana, sino asegurarse de que elimina a todos los funcionarios regionales alzados que violaron las leyes al declarar un nuevo país. Convocó elecciones para el 21 de diciembre.

Una de las reacciones más importantes podría ser la de la policía, los Mossos d’Esquadra, que no hicieron mucho por impedir el referendo del 1ro de octubre, según algunos.

El ministro del Interior español Juan Ignacio Zoido les escribió una carta el domingo pidiéndoles cooperación y unidad.

Los primeros indicios hacen pensar que la transición será apacible.

Valentín Anadón, vocero del principal sindicato policial, el FEPOL, que representa a aproximadamente el 60% de los 17.000 efectivos de esa fuerza, criticó el artículo 155, pero dijo que la policía siempre acatará las leyes.

“La policía está para cumplir las leyes. La desobediencia puede ser una opción para un político”, pero no para ellos, manifestó. “Estamos para cumplir las leyes y punto. La policía de Cataluña tiene que ser la policía de todos los catalanes”.

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El reportero de la Associated Press Aritz Parra colaboró en este despacho.