BOISE, Idaho, EE.UU. (AP) — Un septuagenario español dice que fue obligado a trabajar como esclavo por años en un rincón remoto de Idaho, sin transporte y con apenas lo suficiente para comer. El hacendado que lo empleaba, por su parte, afirma que el hombre estaba semi-retirado y simplemente le había permitido que siguiese viviendo y comiendo gratis en sus tierras, y que tenía y conductor y acceso al mundo exterior si llamaba por teléfono.

El caso será dilucidado seguramente en un tribunal federal ya que la organización Ayuda Legal de Idaho (Idaho Legal Aid) radicó una demanda en nombre de Sabino Leibar, un español de la región vasca con residencia legal en Estados Unidos. El caso pone de relieve la falta de supervisión directa del sector agrícola, que emplea mucha mano de obra extranjera.

Según la demanda, Leibar empezó a trabajar para John Anchustegui en 1981, en una zona rural cerca del pueblo de Bruneau en la región sudoccidental de Idaho.

Leibar, quien hoy tiene 74 años, afirma que Anchustegui le impidió sacar una licencia de conducir y que, dado que habla solo vasco y un poco de español, no podía buscar ayuda cuando necesitaba atención médica, comida o transporte.

Anchustegui rechazó esas acusaciones en declaraciones a la Associated Press en una entrevista telefónica.

“No pinta las cosas como fueron. Hicimos mucho por él, pero creo que tiene demencia senil ahora”, manifestó. “Es el único que se ha quejado de algo como esto. Todo esto es una calumnia basada en ficciones”.

El ranchero amenazó con iniciar una querella contra Leibar.

“Tenía alojamiento y comida gratis, por no hacer absolutamente nada”, sostuvo. “Comenzó a cobrar el Seguro Social (la jubilación de Estados Unidos) alrededor del 2008 y pasó a un estado de semi-retiro. Yo permití que permaneciese allí”.

Leibar aduce que le debe casi 264.000 dólares de salario mínimo impago entre el 1ro de enero del 2009 y el 2 de mayo del 2017. Afirma que Leibar hizo tres pagos parciales en ese lapso, por un total de 46.000 dólares. Su patrón, por su lado, asegura que le pagaba unos 1.000 dólares al mes en ese período, además de darle alojamiento y comida gracias.

“Mi impresión es que siente que se escapó y que no quiere regresar”, expresó el abogado de Leibar Erik Johnson, de Idaho Legal Aid. "Creo que ha sufrido un duro golpe psicológico. Tiene algunos problemas físicos, molestias en la espalda, problemas cardíacos, pero es un hombre fuerte, robusto”.

Los pastores a menudo pasan semanas aislados, atendiendo el rebaño, buscando nuevos pastizales y ahuyentando a predadores. Generalmente van a campamentos o barracas y tienen a veces todo el invierno libre por las inclemencias del tiempo, que hace que resulte imposible mantener los rebaños.

Algunos sectores han estado presionando para que haya mayor supervisión de esta actividad, según Leo Morales, director ejecutivo de la rama de Idaho de la Unión de Libertadores Civiles.

“No hay mucha supervisión de los programas de trabajadores temporales, y menos todavía de los que trabajan en regiones remotas. Idaho tiene todo un historial al respecto, en el que los empleadores son multados por infracciones cometidas en el trato de sus peones”, expresó Morales.

Los castigos por no pagar como corresponde no son severos, afirmó Morales. Agregó que, no obstante, quienes reinciden pueden perder el derecho a participar en programas de visas temporales para trabajadores agrícolas extranjeros.

Anchustegui fue multado dos veces por violar las leyes sobre salarios y horas de trabajo, según los archivos del Departamento del Trabajo. La primera multa fue por 3.000 dólares, por tres violaciones relacionadas con un mismo empleado entre el 2002 y el 2004. La segunda fue de 9.000 dólares por otras nueve violaciones que involucraron a tres empleados entre el 2007 y el 2009.

El abogado de Anchustegui Brian Julian no devolvió varias llamadas pidiendo comentarios.

El departamento del trabajo de Idaho, que debe supervisar los programas de protección de los trabajadores agrícolas, desistió de responder preguntas sobre el caso. Se limitó a decir en un correo electrónico enviado por su portavoz Georgia Smith que esa dependencia “debe asistir a los peones que presentan quejas y debemos informar las aparentes violaciones de las leyes laborales que observemos o que recibamos de fuente confiable y que son verificables”.

Johnson, el abogado de Leibar, dijo que el departamento había reportado “aparentes violaciones” a las leyes laborales y que estaban a la espera de ver qué medidas toma el gobierno.