BRUSELAS (AP) — Ante posibles cargos penales en España que lo mantendrían encarcelado durante décadas, el destituido presidente catalán Carles Puigdemont llevó el martes su esfuerzo separatista al corazón de Europa en un intento por proyectar a su movimiento como una víctima de persecución que merece respaldo internacional en su lucha contra Madrid.

En tanto, un juez español ordenó que Puigdemont y el resto de su gabinete disuelto comparezcan esta semana para ser interrogados como parte de una pesquisa por rebelión. Ya sea que se presenten o no, es posible que el juez decida el viernes si emite o no órdenes de arresto contra ellos.

Dos de los funcionarios volvieron el martes en la tarde a Barcelona, donde manifestantes que sostenían banderas españolas los insultaron y les gritaron “¡larga vida a España!”. Una persona cercana a Puigdemont, que habló bajo condición de guardar el anonimato, dijo que el líder catalán permanece en la capital de Bélgica.

En una anticipada presentación ante la prensa internacional en Bruselas, Puigdemont mantuvo su postura desafiante contra los incesantes esfuerzos del gobierno español por frenar sus ambiciones separatistas. Su viaje no anunciado deja entrever que la ley española bloquea su camino al éxito, y que él perdió terreno ante el gobierno en Madrid al aceptar participar en una elección regional anticipada para el 21 de diciembre.

A pesar de que el intento de Puigdemont por establecer una nueva nación en Europa occidental luce cada vez más quijotesco, sus simpatizantes no dan indicios de flaquear, una profunda pasión que ilustra la razón por la que la disputa por Cataluña se ha prolongado durante tanto tiempo y difícilmente concluirá pronto.

Puigdemont dijo que él y sus otros cinco colegas destituidos que lo acompañaron a Bruselas buscan “libertad y seguridad” de las autoridades españolas.

"Si tenemos la garantía inmediata de un tratamiento justo, si nos garantizan un juicio justo, independiente y con separación de poderes, volveríamos de forma inmediata”, dijo Puigdemont en una conferencia en el Club de Prensa de Bruselas, aledaño a las instalaciones de la Unión Europea.

Madrid ha arremetido contra el intento de Puigdemont por sacar de España a Cataluña, una acaudalada región de unos 7,5 millones de habitantes y que representa alrededor del 20% del PIB del país.

Acusó a Puigdemont de desacatar la constitución al llevar a cabo el referendo por la independencia el 1 de octubre, y desplegó a la policía para detener la consulta después de que el Tribunal Constitucional señalara que no podía proceder. Luego, cuando el parlamento catalán aprobó una petición para la declaración de independencia de la semana pasada, en desafío a la constitución española que declara que España es “indisoluble”, el gobierno nacional despojó de su autonomía a Cataluña.

El fiscal general español pretende se apliquen cargos de rebelión, sedición y malversación contra Puigdemont y su brazo derecho, Oriol Junqueras, ante el Tribunal Supremo, que el martes ordenó que ambos y el resto del gabinete comparezcan el jueves para un interrogatorio.

Carmen Lamela, jueza del Tribunal Supremo, dijo que se investiga a los 14 por “tejer una estrategia” que culminó en la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre en el parlamento regional.

Les ordenó también el pago de 7,2 millones de dólares (6,2 millones de euros) antes del viernes para cubrir los posibles gastos de responsabilidad relacionados con el referendo del 1 de octubre, o arriesgarse a la incautación de sus bienes.

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El periodista de The Associated Press Raf Casert reportó desde Bruselas y el periodista de la AP Aritz Parra desde Barcelona. Los periodistas de la AP Lorne Cook en Bruselas, Elena Becatoros en Vilanova i La Geltru, Joseph Wilson y Hernán Muñoz en Barcelona, y Ciaran Giles en Madrid contribuyeron con este despacho.