SAN ANTONIO (AP) — Autoridades mexicanas laboran para reunir a los familiares con algunos de los sobrevivientes de una fallida operación de contrabando humano en Texas, según indicaron el miércoles, y agregaron que funcionarios estadounidenses de inmigración les aseguraron que no interrogarían a los parientes sobre su estatus legal en Estados Unidos.

Diez inmigrantes, incluidos siete de México, murieron el domingo tras un sofocante recorrido desde la ciudad fronteriza de Laredo en Texas a bordo de un camión con remolque sin aire acondicionado. Otro de los muertos era de Guatemala, y de dos más no se ha dado a conocer su identidad.

Al menos 29 inmigrantes sobrevivieron, según autoridades estadounidenses. Doce seguían hospitalizados el miércoles en San Antonio.

El miércoles se supo que el conductor del camión, James Matthew Bradley Jr., decidió no acudir a una audiencia programada para el jueves y sigue bajo custodia federal, acusado de transportar ilegalmente a inmigrantes para obtener ganancias financieras, con resultados letales.

En registros del tribunal federal se indica que una nueva audiencia fue programada para el 23 de agosto, cuando se espera que Bradley haga una declaración en video. De ser declarado culpable, el chofer de 60 años que radica en Florida podría ser condenado a muerte.

Mientras tanto, diplomáticos latinoamericanos trabajan para confirmar los nombres de los muertos y heridos, la mayoría de los cuales no fueron identificados públicamente.

La cónsul mexicana en San Antonio dijo que los parientes de algunos de los inmigrantes ni siquiera sabían que sus familiares habían partido hacia Estados Unidos. Funcionarios consulares laboran para avisarle a las familias, repatriar los cadáveres y organizar visitas a hospitales para los parientes de los sobrevivientes.

"Tenemos que asegurarnos que todos estén informados y todos sepan dónde están sus hijos", afirmó Reyna Torres Mendívil, cónsul general mexicana en San Antonio.

Las autoridades estadounidenses de inmigración le aseguraron, señaló, que cualquier pariente acompañado por funcionarios consulares en visitas a hospitales no sería interrogado en torno a su estatus legal.

Trece inmigrantes están bajo custodia federal, detenidos como testigos materiales en el caso del gobierno en contra de Bradley, anunció la fiscalía federal.

Su abogado de oficio, Michael McCrum, dijo que es demasiado pronto para saber si recibirían visas o se les permitiría quedarse en Estados Unidos en agradecimiento por su ayuda.

“Uno de mis temores es que empiecen a ser tratados como fichas en un juego político en lugar de como a personas reales que han sufrido abusos graves”, afirmó McCrum.

Se desconoce cuántos inmigrantes en total viajaban en el remolque. Un número desconocido huyó en cuanto se abrieron sus puertas en el estacionamiento de un Walmart el domingo en la madrugada, a pie o en seis camionetas deportivas negras que los aguardaban, según se afirma en una queja penal federal contra el chofer.

Los investigadores han dicho creer que Bradley formaba parte de una organización involucrada en el tráfico de seres humanos que las autoridades intentan identificar y desmantelar.

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Los periodistas de The Associated Press Sarah Rankin en Richmond, Virginia; Emily Schmall en Fort Worth, Texas; y Claudia Lauer en Dallas contribuyeron con este despacho.