BANGKOK (AP) — Myanmar ha sometido a los musulmanes rohinya a una discriminación continuada que equivale a un “deshumanizador apartheid”, según denunció el martes Amnistía Internacional en un reporte de investigación que plantea qué situación encontrarían las personas que han huido de la violencia si regresan a sus hogares.

Más de 620.000 rohinya han cruzado desde agosto del estado birmano de Rakhine a la vecina Bangladesh, huyendo de lo que el ejército de Myanmar describió como “operaciones de limpieza”. Naciones Unidas y otros han dicho que la campaña militar parecía ser una “limpieza étnica” que empleaba violencia e intimidación, por ejemplo con la quema de viviendas, para obligar a los rohinya a abandonar sus poblaciones.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo este mes que el organismo mundial considera “una prioridad absolutamente esencial” que se detenga toda la violencia contra los rohinya y se les permita regresar a sus hogares. Los refugiados viven ahora en superpoblados campos en un distrito fronterizo de Bangladesh, y también las autoridades en Daca han instado a Myanmar a que permita que los desplazados regresen con su seguridad garantizada.

En su informe, Amnistía Internacional recopiló entrevistas y pruebas recogidas a lo largo de dos años en las que se detallaban cómo vivían los rohinya en Myanmar, sometidos a un “cruel sistema de discriminación institucionalizada, fomentada por el estado, que equivale a un apartheid”.

El grupo humanitario afirmó que las condiciones cumplían la definición de crímenes contra la humanidad.

Los rohinya han sufrido décadas de discriminación en el país, de mayoría budista. Aunque los miembros de esta minoría étnica llegaron a la zona hace generaciones, se vieron despojados de su ciudadanía birmana en 1982, lo que los convirtió en apátridas y les despojó de casi todos los derechos. No pueden viajar libremente, practicar su religión ni trabajar como profesores o médicos, y tienen poco acceso a atención médica, alimentos o educación.

La discriminación empeoró de forma considerable en los últimos cinco años, según el reporte de AI.

“Yo quería ir al hospital de Sittwe para recibir tratamiento médico, pero está prohibido”, dijo Abul Kadir, de 36 años, en declaraciones recogidas por el grupo humanitario. “El personal del hospital me dijo que no podía ir, por mi propia seguridad, y dijo que tenía que ir a Bangladesh para recibir tratamiento. Costó mucho dinero”.

No es la primera vez que los rohinya huyen en masa de la persecución. Cientos de miles de personas se marcharon en 1978 y de nuevo a principios de la década de 1990, aunque más tarde se aprobaron medidas que permitieron regresar a muchos. La violencia comunal en 2012, durante la transición del país a la democracia tras medio siglo de dictadura, hizo huir a otras 100.000 personas en barcos. Unas 120.000 personas siguen atrapadas en campos a las afueras de la capital de Rakhine, Sittwe.

Se cree que había en torno a un millón de rohinya en Mianmar hasta finales del año pasado. Ese octubre, un grupo armado rohinya mató a varios policías en ataques a puestos de policía y la represalia militar hizo huir a 87.000 personas. Un ataque miliciano más grande el 25 de agosto de este año dejó docenas de agentes de seguridad muertos, y la respuesta militar fue rápida y generalizada.

Decenas de miles de rohinya empezaron a huir entonces de sus poblados incendiados. Algunos sobrevivientes mostraban heridas de disparos y minas terrestres. Aunque la oleada de refugiados es ahora menor, aún hay gente que cruza la frontera de Myanmar casi tres meses después.

El reporte de AI advirtió que el desarrollo económico de Rakhine no debería ser una herramienta para agravar la discriminación. Myanmar ha respaldado las recomendaciones de un comité internacional de expertos de impulsar el desarrollo en el empobrecido estado, pero el mismo reporte instaba al país a reconocer la ciudadanía y garantizar que se protegían otros derechos de los rohinya.

Cancilleres y delegados de 51 países iniciaron el lunes una reunión en Naypyitaw, la capital de Myanmar, en un foro centrado a ampliar la cooperación económica y política.

“La comunidad internacional debe despertarse a esta pesadilla diaria y afrontar la realidad de lo que pasa en el estado de Rakhine desde hace años”, dijo Anna Neistat, directora de investigación de Amnistía Internacional. “Aunque el desarrollo es una parte importante de la solución, no puede hacerse de una forma que arraigue más la discriminación. La comunidad internacional, y en particular los donantes, deben asegurarse de que su participación no les hace cómplices en estas infracciones”.