BUENOS AIRES (AP) — Un día después de acusar a la policía de arrojar sustancias tóxicas en su apartamento durante un allanamiento por la causa de corrupción en la cual aparece implicada, la expresidenta Cristina Fernández denunció que la justicia le incautó las réplicas de las insignias presidenciales suyas y de Néstor Kirchner, su difunto esposo y antecesor.

“Me acabo de enterar que entre los objetos que mandó a secuestrar Bonadío de mi casa de El Calafate estaban las bandas y bastones presidenciales de Néstor y míos. La violación de los derechos y garantías sin límite”, señaló el martes la exmandataria (2007-2015) en su cuenta de twitter.

Claudio Bonadío es el juez federal que investiga a Fernández, actual senadora opositora, como presunta líder de una organización delictiva dedicada al cobro de sobornos a empresarios a cambio de la adjudicación de obra pública.

De la misma maniobra habría participado Kirchner, presidente entre 2003 y 2007.

El juzgado y la fiscalía que llevan el caso declinaron pronunciarse sobre la denuncia de Fernández acerca del supuesto secuestro de las insignias presidenciales.

En el marco de la causa, el magistrado ordenó el allanamiento de tres propiedades de la exmandataria, una en Buenos Aires y dos en la provincia de Santa Cruz, en el sur de Argentina. El procedimiento tuvo lugar entre jueves y sábado último.

La justicia no dio a conocer todavía si los allanamientos arrojaron resultados relevantes para la causa judicial. Pero Fernández insiste en denunciar supuestas irregularidades en el accionar del juez.

Fernández, de 65 años, afirmó el lunes que las empleadas domésticas que limpiaron los estantes del vestidor del departamento allanado en Buenos Aires "sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar".

Agregó que por esa razón tuvieron que ser asistidas en la guardia de un hospital donde se constató “que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto".

La policía federal, que tuvo a su cargo el allanamiento, negó la acusación.

Fernández no puede ser detenida porque está protegida por fueros parlamentarios. En caso de que la justicia solicitara su desafuero sólo perdería la inmunidad de arresto con dos tercios de los votos de los senadores, algo poco probable ya que el peronismo opositor ha adelantado que no apoyará esa medida mientras no haya una condena firme.

La justicia cuenta con la declaración de empresarios y exfuncionarios arrepentidos que habrían aportado detalles sobre la operatoria para el cobro de sobornos.

Fernández -la dirigente opositora con más apoyo en las encuestas- ha negado ante la justicia haber cometido algún delito y acusó a Bonadío de responder al presidente Macri en esta y otras pesquisas en las que es investigada por el magistrado con el fin de desviar la atención de la opinión pública en medio de la crisis económica.