SAO PAULO (AP) — El uso del ejército en el combate a la creciente violencia en Río de Janeiro podría servir como un modelo para otras áreas de Brasil, indicaron líderes brasileños el lunes.

El ejército asumió oficialmente el viernes las labores de la policía de Río al amparo de un decreto del presidente Michel Temer.

La medida aún requiere la aprobación del Congreso, y su debate en la cámara baja está programado para la noche del lunes. Pero un partido opositor solicitó a la Corte Suprema suspender la votación antes de que comenzara la sesión, argumentando que Temer no siguió las reglas para emitir dicho decreto y que la medida tiene “motivaciones políticas y electorales”. No quedó esclarecido de inmediato si la solicitud afectaría el debate programado.

El decreto extraordinario de Temer se emitió después de que el gobernador de Río pidió ayuda federal luego de que las celebraciones del Carnaval resultaran particularmente violentas. Durante el evento se presentaron varios robos, asaltos y enfrentamientos.

Temer se reunió el lunes con legisladores y miembros de su gabinete para discutir la intervención militar.

“Es importante entender que Río de Janeiro es un laboratorio”, dijo el ministro de Seguridad Institucional, Sergio Etchegoyen, tras el encuentro. “Es la manifestación exterior de una crisis estructural”.

De acuerdo al Foro Brasileño de Seguridad Pública, Río de Janeiro no es el estado más peligroso del país: En términos de asesinatos violentos por cada 100.000 habitantes, se ubicó en el 11mo lugar en 2016. Pero, de muchas maneras, Río es la cara que Brasil muestra al mundo y lleva un mayor peso dentro de la nación, como sede de la mayor parte de su industria del entretenimiento y medios de comunicación.

El secretario general Wellington Moreira Franco, asesor clave de Temer, dijo que ojalá y lo que sucede en Río se extienda a otras partes de Brasil.

“Creo que es un paso más en el camino hacia la restauración de la seguridad, el orden y, sobre todo, la confianza de los habitantes del estado de Río de Janeiro”, declaró Franco. “Se está movilizando la conciencia para que esta conversación, esta metodología se extienda por todo Brasil”.

La situación de seguridad en Río ha ido en deterioro durante al menos dos años, mientras el estado pasa por una grave crisis fiscal, que a menudo resulta en la falta o retraso en los pagos a agentes de policía. El declive comenzó justo antes de que la ciudad albergara los Juegos Olímpicos de 2016, para los cuales reforzó las labores policiacas.