CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un equipo internacional de abogados indicó el martes que el asesinato en 2016 de la activista ambiental hondureña Berta Cáceres fue producto de un complot fraguado cuatro meses antes e insinuó que los jefes de una empresa constructora podrían haber ordenado el asesinato.

Un informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) dijo que se había identificado a los “posibles autores intelectuales” del asesinato más allá de los ocho que ya están acusados, y que el crimen “no es un hecho aislado”. Advirtió que la investigación ha quedado empañada y que es posible que la verdad nunca salga a la luz.

“Hay evidencias del vínculo de funcionarios estatales y no estatales de alto nivel en el asesinato", dijo el grupo en una conferencia de prensa en la que se presentó formalmente el informe en Tegucigalpa, la capital del país.

Cáceres, que recibió el prestigioso Premio Ambiental Goldman por encabezar a su pueblo indígena lenca en la oposición a un proyecto para construir una represa hidroeléctrica, fue asesinada el 2 de marzo de 2016 por hombres armados que irrumpieron en su casa durante la noche. Gustavo Castro Soto, un activista mexicano que estaba con ella, resultó herido.

GAIPE, integrado por cinco abogados de Estados Unidos, Colombia y Guatemala, fue formado el año pasado para realizar una investigación independiente por pedido de la familia de Cáceres y de su agrupación, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quienes temían que las autoridades no llevarían a los autores intelectuales a la justicia. Sus conclusiones no son legalmente vinculantes.

El informe se basó en decenas de entrevistas, archivos judiciales, informes independientes y lo que el grupo calificó de acceso parcial a las pruebas provistas por investigadores del gobierno, entre ellas “una fracción” de los archivos telefónicos que constituyen el meollo del caso.

“Pese a la secretividad con que se ha manejado la investigación, el GAIPE ha logrado establecer la participación de directivos, gerentes y empleados de (la empresa constructora de la represa) DESA; de personal de seguridad privada contratado por la empresa; de agentes estatales y de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado en actos delictivos anteriores, concomitantes y posteriores al asesinato del 2 de marzo de 2016”, dice el informe. “Esos hechos aún permanecen impunes”.

Yuri Mora Carias, vocero del Ministerio Público hondureño, dijo a The Associated Press que los ocho arrestados son los presuntos autores materiales del asesinato de Cáceres y que se ha recuperado el arma homicida, pero la investigación sigue abierta.

“Lo que está costando para el Ministerio Publico es llegar a quién pagó para el asesinato”, reconoció Mora Carias.

Añadió que una misión anticorrupción patrocinada por la Organización de los Estados Americanos presta su ayuda y que las autoridades esperan identificar a todos los involucrados. Mora Carias declinó dar comentarios adicionales después de que se difundiera el informe.

Los fiscales no han vinculado públicamente a Desarrollos Energéticos SA (DESA) al asesinato ni han atribuido un motivo a los sospechosos.

DESA no respondió el martes a varias llamadas telefónicas en busca de comentarios al respecto. La compañía ha negado en repetidas ocasiones estar involucrada en el asesinato o en cualquier otro ilícito, y dijo que las protestas en contra de la presa que organizaron Cáceres y su organización, Copinh, fueron violentas y causaron daños a la propiedad.

“DESA rechaza enérgicamente todos los comentarios infundados que buscan perjudicar un proyecto de inversión social a partir de motivaciones políticas”, indicó en un comunicado en marzo.

GAIPE no acusó en específico a algún directivo de DESA de participación en el asesinato, y los nombres de las personas no acusadas fueron borrados de las transcripciones. Ningún directivo de la empresa ha sido arrestado.

Honduras es el país más mortífero per cápita para activistas de la tierra como Cáceres, con 14 de ellos asesinados el año pasado, según un informe de Global Witness publicado en julio. Otros dos miembros de Copinh están entre los asesinados en 2016.

Sobre la base de comunicaciones entre empleados de DESA y funcionarios del gobierno, el informe de GAIPE dice que la empresa se alió desde el comienzo con organismos de seguridad estatales y privados para aplicar una estrategia de “control y represión” de los adversarios del proyecto.

Eso incluía vigilar a Cáceres, y en ocasiones se pagaba a personas que dieran información sobre sus actividades, se indica en el informe. DESA presuntamente pagaba a periodistas para “difundir la desinformación” sobre ella y Copinh, que se oponía a la represa porque amenazaba sus tierras ancestrales.

“La estrategia tenía por objeto controlar, neutralizar, y eliminar cualquier oposición”, dice el informe.

Según GAIPE, el asesinato de Cáceres “fue producto de un plan estructurado por altos directivos de DESA, quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia ... (y) actuaron en alianza con fuerzas de seguridad del Estado y estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado”.

El informe alega que en noviembre de 2015 un directivo de DESA se comunicó con Douglas Geovanny Bustillo, un empleado de seguridad con experiencia en las fuerzas armadas y el gobierno, para poner en marcha el plan de asesinar a Cáceres.

Bustillo es uno de los sospechosos detenidos y acusados. Él y otros supuestamente intentaron asesinar a Cáceres el 5 y el 6 de febrero de 2016, pero desistieron porque carecían de vehículo y porque había otras personas con ella.

Según el informe, los archivos telefónicos revelan que el 1 de marzo de 2016 Bustillo y un directivo de DESA no identificado acordaron reunirse la mañana siguiente. No hubo más menciones de esa reunión, pero el 2 de marzo, dice, los sospechosos se encontraban en la ciudad costeña de La Ceiba desde donde viajarían a La Esperanza, a unas seis horas en automóvil.

Allí, al menos dos hombres armados derribaron a patadas una puerta en el patio trasero de la casa de Cáceres poco antes de la medianoche. La activista fue baleada tres veces en el pecho.

Los archivos revelan numerosas comunicaciones entre los sospechosos antes y después del asesinato, según el informe. Dice que alrededor de las 6.30 de la mañana siguiente al crimen, uno de los sospechosos llamó a un número telefónico atribuido al directivo de DESA del que no se ha revelado el nombre. Según el informe, Bustillo se había comunicado con el mismo directivo el 6 de febrero con el mensaje: “Misión abortada hoy. Ayer no se pudo. Esperaré lo Que ud dijo xq ya no tengo logística estoy en cero”.

GAIPE dijo que los arrestos y la recuperación del arma homicida eran avances positivos en la investigación, pero que ha documentado numerosos casos de errores y negligencia.

La investigación oficial se centró al principio en miembros de Copinh y socios de Cáceres, y calificó el asesinato de crimen pasional. GAIPE también dijo que la policía inspeccionó por primera vez la casa tres horas después del asesinato y “anotaron la presencia de personas particulares en la casa y la modificación de la escena del crimen”.

“Ha sido insuficiente e incompleta”, se afirma en el informe acerca de la investigación, lo que genera interrogantes en torno a si alguna vez se sabrá toda la verdad. “Aún falta identificar la totalidad de personas responsables”.

GAIPE solicitó toda la evidencia, incluidos teléfonos celulares, dispositivos USB y equipo de cómputo, para que se le entregaran a los abogados de las víctimas. Se dijo que algunos de los teléfonos que fueron incautados durante la investigación no tenían información por razones como que “no tenían batería” o “estaban en mal estado”, señaló el informe, lo que deja entrever un esfuerzo a medias para recuperar los datos.

Aunque la agrupación analizó más de 40.000 páginas de registros telefónicos, mensajes de texto, chats, correos electrónicos y datos de GPS recuperados de los teléfonos incautados durante la pesquisa, dijo que sabe de otras conversaciones interceptadas cuyo contenido no se ha hecho público.

Aunque el informe no acusa a ningún ejecutivo por su nombre, dos de las personas acusadas en el asesinato eran empleados o exempleados de la compañía: Bustillo y Sergio Rodríguez, director ambiental, social y de comunicaciones de DESA. Y GAIPE dijo que los altos mandos de DESA tenían contacto cercano con los responsables de monitorear a Cáceres.

“A partir de la información que obra en el expediente se puede concluir que ambas personas, Sergio Ramón Rodríguez Orellana y Douglas Geovanny Bustillo tuvieron participación, bajo la dirección de altos directivos de la empresa DESA, en el ataque” contra Cáceres y Castro, según el reporte.

“Este informe condenatorio corrobora lo que muchos sospechaban: que la investigación sobre el asesinato de Berta Cáceres ha estado plagada de incompetencia, intentos de encubrimiento y desvíos de culpa para proteger a aquellos que concibieron y pagaron para llevar a cabo este complot, así como flagrante falta de voluntad política”, dijo el senador demócrata Patrick Leahy en un comunicado.

Advirtió que “la continua asistencia de Estados Unidos bajo el Plan de Alianza por la Prosperidad dependerá, en parte, del resultado del caso de Cáceres, la aceptación del papel legítimo de la sociedad civil y la prensa independiente, y de una reforma integral al sistema judicial”.

El informe culpó a las fuerzas de seguridad de Honduras por no proteger a Cáceres pese a que se sabía del riesgo que corría su vida tras recibir reiteradas amenazas y acoso.

GAIPE también criticó a las instituciones crediticias internacionales, que si bien retiraron los fondos para la represa Agua Zarca en los meses siguientes al asesinato de Cáceres, no deberían haberla respaldado en primer lugar dadas las numerosas situaciones irregulares detectadas.

La madre de Cáceres elogió el informe, que comprende unas 90 páginas de texto, notas a pie de página y anexos.

"La autora intelectual de la muerte de mi hija es DESA... un día pagará por ese crimen", dijo Austra Flores entre lágrimas durante la presentación del martes. Acusó a la justicia hondureña de "encubrir a los poderosos que están atrás de este vil crimen"

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Los periodistas de The Associated Press Freddy Cuevas y Christopher Sherman en Tegucigalpa, y Martha Mendoza en San Francisco contribuyeron a este despacho.