RíO DE JANEIRO (AP) — Los partidarios y los opositores de legalizar el aborto testificaron el viernes frente al Supremo Tribunal Federal de Brasil, una sesión extraordinaria en una época en que movimientos feministas fortalecidos combaten añejas leyes en Sudamérica.

La primera de dos audiencias que se tenían previstas en el máximo tribunal se llevó a cabo apenas días antes de que el Congreso en la vecina Argentina vote sobre una histórica ley que alteraría radicalmente las leyes contra el aborto en la patria del papa Francisco.

En Brasil, un país muy conservador con la mayor cantidad de católicos en el mundo y religiones evangélicas de rápido crecimiento, el aborto es ilegal y se castiga hasta con tres años de cárcel. Existen tres excepciones: si la mujer fue violada, si el embarazo pone en peligro su vida y si el feto tiene muerte cerebral.

La cuestión ante la corte es si se permitirán abortos por elección durante las primeras 12 semanas de embarazo. Los que proponen esa medida argumentan que las leyes sobre el aborto, que se remontan a la década de 1940, son contrarias a las protecciones establecidas en la Constitución de 1988, escrita después de que el país regresó a la democracia. Similar a lo que afirman los opositores al aborto en muchos países, en Brasil el argumento central es que la vida comienza en el momento de la concepción y eso está por encima de casi todos los otros argumentos.

Débora Diniz, antropóloga y profesora de derecho en la Universidad de Brasilia, narró la historia de una trabajadora doméstica negra que, ya con dificultades para criar a tres hijos, falleció de una infección tras varios intentos ilegales por abortar. Respaldándose en un sondeo efectuado por la universidad en 2016, Diniz hizo notar que una de cada cinco mujeres brasileñas menores de 40 años han tenido un aborto ilegal.

“El delito es cómo están teniendo abortos las mujeres”, afirmó Diniz, que días atrás denunció que había sido amenazada debido a su posición tan abierta sobre el tema.

Por otro lado, Hermes Rodrigues Nery, de la Asociación Nacional Pro Vida y Pro Familia, argumentó que, en lugar de ayudar a la gente pobre a obtener un aborto, los grupos interesados deberían enfocar sus esfuerzos en combatir las causas de fondo, la pobreza y el racismo, en uno de los países más desiguales del mundo.

“La cultura de la muerte impide nuestro desarrollo como nación, desarrollo que sólo proviene del capital humano”, afirmó.

Se esperaba que más de 40 expertos de todas las partes del debate dieran su testimonio el viernes y el lunes 6 de agosto. No hay un plazo para que la corte tome una decisión.

El espinoso asunto llegó a los encabezados de los periódicos el año pasado cuando la brasileña Rebecca Mendes luchó públicamente para poner fin a un embarazo no deseado. A la larga el máximo tribunal rechazó su petición, y ella viajó a Colombia para abortar allí.

El año pasado, el Tribunal Constitucional de Chile refrendó una ley que puso fin a la prohibición total de los abortos en ese país, la cual permite efectuar el procedimiento cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el feto es inviable y en casos de violación.

En Brasil, numerosas propuestas para relajar las leyes contra el aborto en los últimos años no han logrado prosperar en el Congreso, donde el así llamado “bloque evangélico” ejerce una fuerte influencia en temas sociales. El año pasado, una comisión legislativa aprobó un proyecto de ley que prohibiría el aborto bajo cualquier circunstancia, aunque aún no ha sido sometida a votación en ninguna de las dos cámaras.

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El periodista Marcelo Silva de Sousa de The Associated Press contribuyó con este despacho desde Río de Janeiro.