BRUSELAS (AP) — El destituido expresidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, era el sábado un hombre buscado después de que España emitiera una orden de arresto europea en su contra. Y el principal interrogante era cuánto tiempo podría eludir la justicia española manteniéndose en la clandestinidad y demorando el proceso de extradición en Bélgica.

Puigdemont no habló sobre su situación legal en el tuit que envió el sábado, dirigido a sus seguidores políticos en el noreste de España. En vez de eso, habló sobre estrategias para la elección de diciembre, convocadas por las autoridades españolas para retomar temporalmente el control de la región rebelde.

"Es el momento de que se unan todos los demócratas. Por Cataluña, por la libertad de los presos políticos y la república", dijo Puigdemont, avalando llamados a que los partidos políticos secesionistas formen una coalición para los próximos comicios.

Puigdemont y cuatro exconsejeros de su gobierno están siendo buscados por cinco delitos distintos, incluidos rebelión, sedición y malversación, por alentar a legisladores regionales a declarar la independencia de España pese a repetidas advertencias de que eso violaría la constitución española.

Pero cuanto más atrase su arresto y extradición, Puigdemont tendrá más probabilidades de ser un factor en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

Todo el proceso en Bélgica, desde la detención a la extradición, incluyendo apelaciones, podría llevar unos dos meses, dijeron expertos legales a The Associated Press.

El ministro belga de Justicia, Koen Geens, señaló el viernes por la noche que su gobierno no intervendrá en el futuro de Puigdemont ni los otros exdirigentes catalanes, porque la orden de arresto europea "es un procedimiento completamente legal".

Geens agregó que, a diferencia de un proceso normal de extradición internacional, "el poder ejecutivo no juega ningún papel en el proceso de la orden de arresto europea. Todo va a través de comunicación directa entre las autoridades de justicia".

El abogado belga de Puigdemont no respondió a pedidos de declaraciones sobre la orden de detención, aunque ha dicho que su cliente combatiría su extradición a España sin pedir asilo político. La fiscalía belga, por su parte, dijo haber recibido la orden de arresto el viernes por la noche y señaló que interrogaría a Puigdemont en los próximos días.

"La estudiaremos y la pondremos en manos de un juez de instrucción", indicó a AP el portavoz de la fiscalía Eric Van Der Sijpt. "Eso podría ser mañana, al día siguiente o incluso el lunes... No tenemos prisa".

Puigdemont ha dicho que está dispuesto a cooperar con la justicia belga, pero que ha perdido la confianza en la justicia española, que considera politizada.

La emisión de la orden internacional de arresto por parte de la juez de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela provocó otra ronda de protestas el viernes por la noche en Cataluña, incluida su ciudad más importante, Barcelona.

Aunque Puigdemont y otros viajaron a Bélgica, nueve exmiembros de su gobierno están en España. Lamela les tomó declaración el jueves y ordenó prisión incondicional para ocho de ellos por riesgo de que no desistieran en sus intentos de conseguir la secesión de Cataluña mientras prosigue la investigación.

El otro exconsejero, Santi Vila, salió en libertad bajo fianza. Vila renunció a su puesto en el gobierno de Puigdemont como protesta antes de la declaración de independencia.

En total, la fiscalía española investiga a 20 cargos públicos y activistas regionales por rebelión y otros delitos, que podrían ser punibles con hasta 30 años de prisión.

El portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, dijo el viernes que Puigdemont o cualquier otro político, incluso si está encarcelado como sospechoso de un delito, puede presentarse a las próximas elecciones a menos que haya sido condenado.

En Barcelona, un alto funcionario de un gran partido secesionista catalán en Cataluña, la Esquerra Republicana, dijo el sábado que su partido solo participaría en las elecciones del 21 de diciembre si se liberan a todos los secesionistas encarcelados.

"Si (España) quiere elecciones democráticas, si quiere demostrar que realmente es democrática, es necesario que deje en libertad a los líderes principales de una de las alternativas que se postula a las elecciones", dijo la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira. "¡Exigimos la libertad de todos los prisioneros políticos, todos!"

El sentimiento independentista, alimentado por cuestiones de identidad cultural y dificultades económicas, se ha disparado en los últimos años hasta llegar a aproximadamente la mitad de los 7,5 millones de residentes de Cataluña, una próspera región en el noreste de España.

La mayoría separatista en el parlamento catalán votó a favor de la declaración de independencia el 27 de octubre. Al día siguiente, el gobierno español destituyó al gobierno catalán, disolvió el parlamento y convocó elecciones catalanas para el 21 de diciembre, gracias a unos poderes extraordinarios concedidos por el Senado nacional.

Los esfuerzos de los independentistas catalanes incluyeron celebrar un referendo, declarado ilegal, sobre la secesión el 1 de octubre que no cumplió los estándares internacionales y se vio empañado por una violenta operación policial. Sin embargo, unos 2 millones de personas votaron, la gran mayoría a favor de la independencia.

El referendo y la declaración de independencia de los legisladores catalanes violó la constitución española, que dice que la nación es "indisoluble" y que todos los asuntos de soberanía nacional deben de ser resueltos por el Parlamento español.

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Joseph Wilson informó desde Barcelona, España.