MADRID (AP) — Un juez del Tribunal Supremo de España fijó una fianza el lunes para una destacada política catalana que enfrentaba una posible sentencia de prisión durante la investigación de las personas que estuvieron involucradas en el intento de independencia de Cataluña del año pasado.

La secretaria general de la Izquierda Republicana de Cataluña, Marta Rovira, fue interrogada por un magistrado sobre su papel en el referendo de independencia de octubre que desencadenó una severa crisis política en España que no se había visto en décadas. A Rovira le fijaron una fianza de 60.000 euros (74.600 dólares).

La presidenta de la formación conservadora del Partido Demócrata Europeo Catalán, Marta Pascal, también fue interrogada el lunes.

La policía judicial identificó a Rovira y a Pascal como figuras clave en el referendo de independencia prohibido y en la declaración ilegal de independencia de Cataluña que los legisladores hicieron con base en los resultados de dicho referendo.

Ambas le dijeron al juez que la declaración de independencia del 27 de octubre tenía un valor simbólico, pero no un efecto legal, de acuerdo con los testigos de los procesos judiciales del lunes.

Más de dos docenas de personas, incluidos políticos, legisladores electos y el jefe de la policía regional, también están bajo investigación por posible rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

En España, un juez puede mantener a los sospechosos bajo custodia mientras decide si deberían ser acusados formalmente al término de la investigación.

Cuatro sospechosos, incluido el ex vicepresidente regional Oriol Junqueras, continúan detenidos. Cinco ex miembros del gabinete catalán, dirigidos por el expresidente de la región Carles Puigdemont, evadieron las citaciones del tribunal al mudarse a Bélgica.

El predecesor de Puigdemont, Artur Mas, debe comparecer ante el tribunal el martes, y la líder del partido antisistema Candidatura de Unidad Popular, Anna Gabriel, está programada para el miércoles.

El partido de Gabriel, mejor conocido por su acrónimo CUP, dijo que la dirigente había viajado a Ginebra, Suiza, para preparar su defensa legal, lo que aumentó las dudas de que podría cumplir con las citaciones del tribunal.

En un comunicado publicado el fin de semana, el CUP dijo que el “carácter ejemplar” del encarcelamiento provisional y las fuertes fianzas vistas durante el caso “está lejos de la imparcialidad que las autoridades judiciales deben garantizar”.

El presidente del gobierno español Mariano Rajoy disolvió el gobierno de Cataluña por el intento de secesión. El gobierno central continúa a cargo de los asuntos de la región.