CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El expresidente Álvaro Colom se defendió el miércoles de los señalamientos que la fiscalía de Guatemala ha hecho en su contra por haber ordenado la entrega de 35 millones de dólares para modernizar el sistema público de transporte, donde descubrieron hechos de corrupción.

Ante un juez, Colom dijo que modernizar esta red cuando fue presidente significaba detener la muerte de pilotos y usuarios del transporte que en el país centroamericano aún sufre extorsiones.

“Los ataques a pilotos fueron planificados para desestabilizar mi gobierno”, dijo Colom al juez Eduardo Cojulum al explicarle por qué decidió modificar ese sistema.

Cojulum deberá decidir la suerte del expresidente y 12 de sus antiguos ministros de gobierno, entre ellos Juan Alberto Fuentes Knight, quien estuviera a cargo del Ministerio de Finanzas y es el actual presidente de Oxfam Internacional, organismo enfocado en pobreza.

El caso que los involucra se ha denominado “Transurbano” y junto con Colom los exministros están detenidos desde el pasado 13 de febrero.

Según la fiscalía, los funcionarios habrían malversado fondos del servicio de transporte urbano y la investigación examina los mecanismos ilegales y fraudulentos usados por empleados públicos y particulares por unos 35 millones de dólares en perjuicio del Estado.

Colom llegó al poder por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y gobernó Guatemala entre 2008 y 2012. Durante su gestión se creó un fideicomiso para operar el Transurbano, mediante el cual la municipalidad adjudicó rutas de transporte público en la capital guatemalteca por 25 años y varios millones de quetzales a empresas de transporte. Meses después, los diputados de UNE presentaron una iniciativa de ley que exoneraba a las compañías de pagar impuestos.

Según la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), que trabajaron juntas en la investigación, hubo malos manejos durante el proceso, entre ellos, subsidios a empresas que habrían beneficiado a los funcionarios.

Uno de los reclamos más importantes del caso es que los funcionarios nunca presentaron informes, estudios ni propuestas de los beneficios que se tendrían con el cambio de sistema de pago a prepago.

Colom, que días previos a su detención había sido nombrado enviado especial de Organización de Estados Americanos (OEA) a Honduras, dijo que el caso ya le había afectado en su dignidad y su prestigio.

Él no es el único expresidente guatemalteco acusado de corrupción: Alfonso Portillo (2000-2004) fue detenido en 2010 pero se le absolvió en 2011. Luego fue extraditado a Estados Unidos, donde cumplió una condena de dos años por lavado de dinero, y después el expresidente Otto Pérez Molina (2012 y2015) renunció al cargo y está detenido a la espera de un juicio por el delito de defraudación aduanera.

Asimismo, el expresidente Álvaro Arzú (1996-2000) también es señalado de actos de corrupción pero aún no se define si se le retira o no la inmunidad que ostenta por ser alcalde capitalino.

El actual mandatario, Jimmy Morales, ha sido relacionado con financiamiento electoral ilícito, pero el Congreso le protegió del retiro de inmunidad. Otra solicitud para despojarlo de ésta está pendiente de ser tramitada por la Corte de Constitucionalidad.