SANTIAGO DE CHILE (AP) — La Cámara de Diputados rechazó el viernes una acusación que buscaba destituir a tres jueces de la Corte Suprema que dejaron en libertad condicional a siete criminales de lesa humanidad.

La destitución se bloqueó por 73 votos en contra y 64 a favor, luego de un debate que comenzó el jueves en la tarde y se prolongó hasta la madrugada del viernes.

La Corte Suprema de Chile otorga libertades condicionales a violadores de derechos humanos desde 2015, pero está fue la primera vez que un grupo de diputados se opuso formalmente.

La acusación fue presentada por un grupo de diputados izquierdistas, que acusó a los jueces de “notable abandono de deberes”.

El diputado oficialista Luciano Cruz Coke afirmó que la acusación era “particularmente injusta con tres jueces que han sido, durante muchos años, personas que han defendido los derechos humanos de una manera prácticamente impecable”.

El diputado opositor socialista Fidel Espinoza dijo que el gobierno del presidente de centroderecha Sebastián Piñera “intervino grotescamente en esta votación”.

El recién jubilado expresidente de la Corte Suprema, Milton Juica, había afirmado que “nunca ha habido en Chile un intento tan burdo de intervenir contra la independencia judicial".

Hugo Dolmestch, Manuel Valderrama y Carlos Künsemüller, aprobaron el 30 de julio la libertad condicional de cinco criminales de lesa humanidad que cumplían penas promedio de seis años de cárcel por el secuestro y la desaparición de opositores. A comienzos de agosto otorgaron el mismo beneficio a otros dos violadores de derechos humanos.

En la práctica sólo cinco pudieron ser liberados porque los otros dos tenían procesos pendientes.

Según los impulsores de la acusación, los jueces “han vulnerado el derecho internacional” y aseguran que no están invadiendo la autonomía judicial.

El Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, dice que entre los requisitos para liberar condicionalmente a criminales de lesa humanidad es necesario que hayan cumplido al menos la mitad de la condena, buen comportamiento en la cárcel, arrepentimiento y colaboración eficaz para encontrar a los desaparecidos políticos.

Los jueces alegan que Chile no ha asimilado a su legislación los requisitos de arrepentimiento y colaboración eficaz, por lo que no pueden exigírselos.

Davor Harasic, abogado defensor de Dolmestch, afirmó que “el primer obligado a que nuestra legislación sea acorde a las normas internacionales es el legislador”, mismo argumento que han repetido los magistrados de la Corte Suprema.

Esta semana una comisión mixta acordó elevar los requisitos para otorgar libertades condicionales. Harasic dijo que si esto hubiese estado aprobado, “ninguno de los jueces hubiera aprobado la libertad condicional”.

Los diputados han tenido en sus manos una decena de proyectos para normar los beneficios para los criminales de lesa humanidad, pero ninguno salió adelante.

La dictadura militar (1973-1990) dejó 40.018 víctimas, incluyendo 3.065 asesinados, de los cuales los restos de poco más de un millar siguen desaparecidos.

La Red Latinoamericana de Jueces, que representa a magistrados de 19 países de América y España, expresó en un comunicado su preocupación “por la situación de presión, hostigamiento y amedrentamiento” de los tres jueces acusados.