LA HAYA, Holanda (AP) — Los jueces de la Corte Penal Internacional sentenciaron el jueves que el tribunal tiene jurisdicción para investigar las denuncias de que las fuerzas armadas de Myanmar han expulsado a cientos de miles de musulmanes rohinyas de sus hogares. Esto significa que los crímenes cometidos contra los rohinyas se pueden procesar ante la corte con sede en La Haya aunque Myanmar no sea uno de los países miembros.

La Corte dijo en un comunicado que la procuradora Fatou Bensouda debe tomar en cuenta el fallo sobre jurisdicción “al realizar su examen preliminar de los crímenes presuntamente cometidos contra el pueblo rohinya.

La indagación preliminar, cuyo objetivo es determinar si existen pruebas suficientes para iniciar una investigación en regla, “debe concluir en un período razonable”, añadió.

Bensouda no ha anunciado oficialmente un examen preliminar, pero los jueces dijeron en su fallo que el estudio realizado hasta ahora del problema rohinya cumple ese propósito.

Richard Dicker, director internacional de justicia de Human Rights Watch, dijo a la AP: “Éste es un paso crucial para exigir cuentas por los delitos contra los rohinyas y provocará gran alboroto”.

Bensouda pidió un fallo sobre jurisdicción con el argumento de que si bien los rohinyas fueron expulsados de sus hogares en Myanmar, parte del delito consistió en obligarlos a cruzar la frontera a Bangladesh, que sí es miembro del tribunal.

Abundan los informes de atrocidades cometidas contra la minoría rohinya en Myanmar.

La semana pasada, investigadores del máximo organismo de derechos humanos de la ONU dijeron que se debería procesar a los jefes militares de Myanmar por genocidio contra los musulmanes rohinyas e incluso identificó _lo cual es inusual_ a seis de ellos que dice estuvieron entre los autores de los crímenes sistemáticos contra la minoría étnica.

Myanmar se negó a dar una respuesta formal mientras estudia el problema de la jurisdicción.

Los rohinyas son tratados como forasteros en Myanmar, país de mayoría budista, a pesar de que sus familias viven ahí desde hace generaciones. Desde 1982 se les ha denegado la ciudadanía a casi todos, lo cual los vuelve apátridas, y se les niega la libertad de movimiento y otros derechos fundamentales.