SAN SALVADOR (AP) — La Asamblea Legislativa salvadoreña acordó el viernes extender por seis meses más una serie de medidas extraordinarias de seguridad en los penales para combatir la violencia de las pandillas.

El gobierno puso en marcha las medidas y decretó estado de emergencia en siete cárceles luego de una matanza de once trabajadores que estremeció al país en marzo de 2016. El legislativo dio luz verde días después para que las autoridades colocaran a los criminales en aislamientos severos y evitar llamadas telefónicas desde las celdas.

Las autoridades sostienen que las órdenes de homicidios, extorsiones y otros delitos salen de las prisiones donde se encuentran los principales cabecillas de las maras o pandillas.

Con los votos favorables de 64 de los 84 diputados y con el apoyo de todos los partidos políticos, el congreso unicameral aprobó la extensión de esas medidas hasta el 31 de octubre de 2018.

Guillermo Gallegos, líder del Congreso e integrante de la Gran Alianza por la Unidad Nacional, dio su respaldo aunque señaló que la votación le dejó “un sabor agridulce porque quisiera que (las medidas) fueran permanentes, pero más vale tener seis meses que no tener nada”.

“Yo tengo muy claro que el enemigo público del país son los pandilleros”, agregó el parlamentario, que ya ha presentado una iniciativa de ley para que se reforme e la Constitución y se aprueba incluso la pena de muerte.

La prórroga por seis meses se aprobó pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado la situación de algunas cárceles salvadoreñas por considerar que ocasionan serios riesgos para la vida e integridad de los detenidos.

La CIDH aseguró en un comunicado a fines de marzo que además de incrementar las tasas de encarcelamiento, “estas medidas han resultado en graves violaciones a los derechos humanos de miles de personas privadas de libertad, tales como aislamiento prolongado e indefinido bajo condiciones inhumanas, suspensión del régimen de visitas y traslados forzosos a fin de alejar a los internos de sus familiares”.

Tras una visita de dos semanas y que culminó a inicios de febrero, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, exhortó al gobierno salvadoreño a poner fin a las llamadas medidas extraordinarias. Señaló que desde 2016, cuando se implementaron, casi 40.000 personas “se encuentran en detención prolongada bajo condiciones crueles e inhumanas, muchos de ellos a la espera de un juicio”.

En El Salvador, las maras o pandillas están integradas por más de 67.000 jóvenes y adultos. Se encuentran en barrios y comunidades populosas y según las autoridades están involucradas en el narcotráfico, la extorsión y el crimen organizado.