BUENOS AIRES (AP) — La expresidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández acusó el jueves a su sucesor Mauricio Macri de liderar una campaña para perseguir a la oposición, horas después de que un juez federal pidiera su desafuero para arrestarla por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994.

Fernández, de 64 años, también fue acusada de traición a la patria, el delito más severamente castigado por la ley argentina.

Esta es la primera vez que un magistrado ordena la detención de la expresidenta, que afronta otras investigaciones judiciales por el supuesto lavado de dinero que recibía a cambio de la adjudicación de obras públicas.

En una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, Fernández calificó la resolución del juez de “inédito e increíble desvarío judicial” y señaló a Macri como “el máximo y el verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición”.

Fernández juró como senadora nacional la semana pasada para un periodo de seis años. Para poder ser detenida como requiere el juez federal Claudio Bonadío se necesita que el Senado le retire los fueros parlamentarios con el voto de los dos tercios de los integrantes de esa cámara, lo cual hoy no está asegurado.

Sin desafuero, el juez podrá seguir investigándola y eventualmente elevar su caso a juicio ya que la inmunidad parlamentaria sólo la protege del arresto.

“Mauricio Macri es el director de la orquesta y en este caso Bonadío ejecuta la partitura judicial”, dijo la exmandataria.

A su vez, destacó que la medida judicial se produce a 72 horas de asumir su banca y la atribuyó a “un intento de disciplinamiento. Me quieren callada y con la espada de Damocles en el cuello”.

En respuesta a los dichos de la líder opositora, el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, afirmó que “los argentinos conocen al presidente Macri y saben que él no vino para manipular a la justicia”.

“Está absolutamente garantizado el Estado de derecho y las libertades. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en un país en que todos somos iguales bajo la ley”, dijo el funcionario a periodistas.

El juez también dispuso el procesamiento del excanciller Héctor Timerman y su arresto domiciliario debido a su delicado estado de salud, además de dar prisión preventiva al exsecretario Legal y Técnico de la presidencia Carlos Zannini y del dirigente social Luis D'Elía, quienes fueron detenidos en la madrugada del jueves acusados de los mismos delitos, dijo a The Associated Press el fiscal de la causa Eduardo Taiano.

Otros procesados y detenidos son Jorge Khalil, integrante de la comunidad iraní en Argentina, y el dirigente social izquierdista Fernando Esteche.

Taiano dijo a la AP que las detenciones obedecen a “la gravedad de los delitos que se imputan”. El delito de traición a la patria contempla una pena de entre 10 y 25 años y el de encubrimiento un máximo de seis.

Además Bonadío procesó sin prisión preventiva por los mismos delitos al exsecretario de la presidencia y extitular del servicio de inteligencia, Oscar Parrilli, a varios exfuncionarios de inteligencia y a la ex Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.

La expresidenta y los demás acusados pueden apelar la medida de Bonadío ante diversas instancias judiciales, lo que podría llevar varios meses.

En una presentación ante Bonadío en octubre, la exmandataria (2007-2015) negó haber protegido a los exfuncionarios y ex diplomáticos iraníes acusados del ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) como había denunciado en 2015 el fiscal Alberto Nisman poco antes de aparecer muerto en extrañas circunstancias.

Pero Bonadío afirmó que el pacto suscrito en 2013 entre el entonces gobierno de Fernández e Irán “formó parte de un acuerdo... para normalizar las relaciones entre los Estados y garantizar la impunidad de los ciudadanos iraníes sindicados por la justicia argentina como los responsables del atentado, como así también cambiar el eje de la investigación de la causa AMIA”, según el dictamen publicado en el Centro de Información Judicial.

La exmandataria ha defendido públicamente ese acuerdo como una forma de avanzar en la pesquisa del atentado, que sigue irresuelto. El convenio fue aprobado por el Parlamento argentino pero luego fue declarado inconstitucional por la justicia.

En su denuncia Nisman había señalado que dicho memorando era una pantalla para garantizar la impunidad de los iraníes acusados del ataque en el que murieron 85 personas. Teherán siempre rechazó las acusaciones.

Nisman había denunciado el 14 de enero de 2015 a los mismos exfuncionarios y allegados a Fernández contra los que ha actuado Bonadío. Cuatro días después fue hallado muerto de un tiro en la cabeza en su departamento de Buenos Aires, lo que recientemente fue considerado por la justicia federal como un homicidio.

La denuncia de Nisman contra Fernández había sido desestimada en distintas instancias judiciales pero el máximo tribunal penal del país ordenó su reapertura a fines de 2016.

Organizaciones de derechos humanos y grupos sociales afines a la expresidenta convocaron a una movilización en plaza de Mayo contra la decisión de Bonadío.

“Esto (por el memorando) fue aprobado por Diputados y Senado. ¿Cómo puede ser que algo hecho ley sea dictaminado por el juez como traición a la patria?”, se preguntó Gabriela Yocco, militante kirchnerista.

“Esto es una cacería, Cristina hizo mucho por el pueblo y le sacó mucho a los grandes capitales y no se lo perdonan. Hay que estar en la calle”, agregó.

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La periodista de AP Mayra Pertossi contribuyó en esta nota.