BEIJING (AP) — Un grupo de legisladores estadounidenses pidió al gobierno del presidente Donald Trump que imponga sanciones, incluyendo congelación de activos y prohibiciones de visas, a autoridades y empresas chinas supuestamente ligadas a la fuerte represión y al internamiento masivo de musulmanes pertenecientes a minorías étnicas en campos en una región del extremo occidental del país.

En una carta enviada al secretario de Estado, Mike Pompeo, y al del Tesoro, Steve Mnuchin, los legisladores pidieron al ejecutivo que aplique sanciones para abordar la “actual crisis de derechos humanos” en la región de Xinjiang, en el último indicio de que las detenciones preocupan a líderes y gobiernos occidentales.

Las minorías étnicas musulmanas en Xinjiang están siendo detenidas y torturadas y enfrentan "atroces restricciones a prácticas religiosas y culturales” entre otros abusos, señaló el texto, que estaba firmado por un grupo bipartisano en el que figuran el senador por Florida Marco Rubio, el congresista por Nueva Jersey Chris Smith y otros 15. La misiva se entregó a medios de comunicación el miércoles.

La carta señala al máximo funcionario de Xinjiang, Chen Quanguo, acusado por muchos de convertir la región en un estado policial y de implementar un sistema de campos de internamiento, también conocidos como “centros de reeducación” donde los uigures y miembros de otras minorías pasan meses encerrados sin juicio.

"La detención de hasta un millón o más de uigures y otras minorías étnicas predominantemente musulmanas en centros o campos de ‘reeducación política’ requiere una respuesta dura, específica y global”, señaló la carta.

Exdetenidos que hablaron con The Associated Press describieron los campos de internamiento como instalaciones controladas por guardas armados donde los musulmanes eran obligados a negar sus creencias religiosas, criticarse a sí mismos y a sus seres queridos y a dar las gracias al gobernante Partido Comunista. Pese al estricto control que ejercen las autoridades sobre la información procedente de la región, se reportaron golpizas y decesos.

El programa de detenciones ha supuesto el arresto de personas, incluyendo familiares de ciudadanos estadounidenses, por presuntos delitos que van desde acceder a cibersitios extranjeros a contactar con parientes fuera del país. Otros aspectos de las medidas de seguridad reportadas por la AP incluyen una vigilancia digital integral, el despliegue masivo de policías y normas severas contra las costumbres y la vestimenta religiosa.

El Ministerio de Exteriores chino dijo el jueves que los ciudadanos del país tienen la libertad religiosa que contempla la ley y señaló que los legisladores estadounidenses no deberían “amenazar con imponer sanciones en todo momento a otros países”.

"Me gustaría aconsejar a los legisladores estadounidenses que se concentren y realicen bien sus tareas porque están gastando el dinero de los contribuyentes”, declaró la vocera del departamento, Hua Chunying, a reporteros. "Deberían servir de forma adecuada a los estadounidenses en lugar de meter las narices en los asuntos de otros países y pretender ser un juez de derechos humanos”.

China niega la existencia de esos campos de internamiento pero dice que los criminales implicados en delitos menores son enviados a “centros de educación vocacional y capacitación laboral” para ayudar a su rehabilitación y reinserción en la sociedad.