SANTIAGO DE CHILE (AP) — Familiares de víctimas de la dictadura militar chilena cumplieron el viernes 100 marchas en reclamo de justicia y exigieron la expulsión de tres jueces de la Corte Suprema que otorgaron la libertad condicional a represores condenados por secuestros y desapariciones.

Esta “es la marcha en la que vamos a seguir exigiendo lo que hemos exigido históricamente: verdad y justicia para nuestros familiares desaparecidos y un gran no a la impunidad”, dijo Mireya García, una antigua dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Lorena Pizarro, presidenta del grupo, recordó que desde hace dos años marchan todos los viernes alrededor de una plazoleta ubicada frente al palacio de gobierno.

“Hoy estamos aquí para reafirmar, para exigir la destitución de los ministros responsables de liberar a genocidas violadores de derechos humanos”, afirmó.

Una decena de diputados de la oposición izquierdista presentaron una acusación constitucional contra los jueces del máximo tribunal con el fin de destituirlos.

A fines de julio esos magistrados aprobaron la libertad condicional de siete criminales de lesa humanidad tras considerar que ya habían cumplido la mitad de sus penas y que habían tenido buena conducta durante su reclusión.

El Estatuto de Roma, que permitió crear la Corte Internacional de Justicia, establece requisitos extras a los criminales de lesa humanidad antes de considerar su libertad condicional, como haber demostrado arrepentimiento y colaborado con la justicia durante la investigación de sus delitos.

Sin embargo, Chile no ha incorporado esos requisitos a su legislación carcelaria, por lo que técnicamente el máximo tribunal cumplió la legislación vigente.

Sobre el fin de su segundo mandato (2014-2018), la presidenta Michelle Bachelet envió un proyecto para ajustar la ley interna en esa materia que no prosperó en el Congreso porque ya no había tiempo para que el Legislativo lo tramitara.

Al comienzo de las marchas los manifestantes pedían verdad y justicia en alusión al poco más de un millar de personas que permanecen desaparecidas tras ser secuestradas por agentes de la dictadura. Al reclamo se sumó el pedido de penas más altas para unos 100 condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos en una cómoda cárcel especial ubicada en Punta Peuco, a 40 kilómetros al norte de Santiago.

En esa prisión tienen una cama individual, sillones, jardines y zonas de picnic, un violento contraste con el estado de las prisiones comunes en las que los reos muchas veces duermen en el piso, los baños son insalubres y las conexiones eléctricas peligrosas.

A medida que se acercaba el fin de su segundo gobierno los familiares exigieron a Bachelet que cumpliera su promesa de cerrar Punta Peuco. Pero en su lugar el gobierno habilitó un anexo en una cárcel común donde siguen gozando de beneficios.

Pizarro y otros activistas criticaron duramente a Bachelet cuando dejó el gobierno en marzo con el penal abierto y cuando este mes fue elegida Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas varias agrupaciones cuestionaron su nombramiento.

La dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) dejó un saldo oficial de 40.018 víctimas, incluidos 3.065 asesinados y poco más de un millar de desaparecidos.