SANTIAGO DE CHILE (AP) — Cuando los familiares de los desaparecidos en la dictadura chilena no habían terminado de asimilar que la Corte Suprema haya liberado a cinco violadores de derechos humanos, el tribunal los remeció de nuevo el miércoles disponiendo la salida de otros dos.

El máximo tribunal confirmó fallos de la Corte de Apelaciones que ordenaban la liberación de Emilio de la Mahotiere González y Moisés Retamal Bustos por haber cumplido al menos la mitad de la pena.

El primero, un ex brigadier y piloto de helicóptero, cumplía tres años por complicidad en los homicidios de 14 opositores durante la instalación de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). En tanto, el coronel Retamal servía seis años por el secuestro de tres ciudadanos uruguayos.

Retamal, sin embargo, se encontraba en libertad desde el 20 de julio tras un fallo de la Corte de Apelaciones, había informado en ese momento el periódico La Tercera.

El piloto saldrá en libertad desde Punta Peuco, un penal exclusivo para violadores de los derechos humanos ubicado 40 kilómetros al norte de Santiago en el que disponen de amplias comodidades.

El martes el máximo tribunal acogió los recursos de amparo de otros cinco criminales de lesa humanidad que estaban presos por participar en el secuestro de opositores que permanecen desaparecidos.

En el fallo la Corte sostuvo que “las convenciones suscritas por Chile en materia de derechos humanos no impiden reconocer a los condenados su derecho a reincorporarse a la sociedad mediante mecanismos como el de la libertad condicional”.

Cecilia Heyder, cuyo padre -un oficial del ejército- fue asesinado por agentes de la dictadura, calificó de “atrocidad mayor” la libertad de los violadores de derechos humanos y sostuvo que no deberían ser dejados en libertad “sin demostrar arrepentimiento”.

Varias decenas de familiares de desaparecidos se congregaron en las escalinatas del palacio de Tribunales, en el centro de la ciudad, y levantaron fotos de sus seres queridos y pancartas contrarias a las liberaciones.

La abogada Julia Urquieta dijo que se trata de un “fallo aberrante de la sala penal de la Corte Suprema. Es una verdadera operación de impunidad destinada a permitir que los criminales recobren su libertad”.

El Estatuto de Roma, que permitió crear la Corte Internacional de Justicia, establece requisitos extras a los criminales de lesa humanidad antes de considerar su liberación, como haber colaborado con la justicia durante la investigación de sus delitos.

Sin embargo, Chile no ha incorporado ese requisito, por lo que técnicamente el máximo tribunal está cumpliendo la legislación vigente. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2014-2018) envió un proyecto para ajustar la ley pero nunca fue tratado en el Congreso.

La ex subsecretaria de Derechos Humanos de Bachelet, Lorena Fríes, declaró que “puede seguir ocurriendo” que los tribunales liberen a más victimarios.

“Estamos dentro de la legalidad, pero esa legalidad no está acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, aseveró.

La dictadura de Pinochet dejó un saldo oficial de poco más de 40.000 víctimas, incluidos 3.065 asesinados y un millar de desaparecidos.